Juzgados y tribunales de 16 estados se han sumado a la protesta en rechazo a la evaluación de cada dos años que el Órgano de Administración Judicial impuso a toda la base trabajadora para determinar si es apta para permanecer en el cargo

En el primer minuto de este viernes 6 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro de labores indefinido en protesta por la nueva disposición del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación, de evaluar cada dos años a toda la base trabajadora y determinar si es apta para permanecer en el cargo o ser remitida a otra área.

Patricia Aguayo Bernal, secretaria en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, en el edificio sede de San Lázaro, acompañada de al menos 100 trabajadores inconformes, aseguró que la molestia surgió por este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre, primero porque se difundió sin previo aviso, y segundo, porque trastoca sus derechos laborales.

“Pretenden aplicarnos evaluaciones de desempeño con el único propósito de trastocar nuestros derechos laborales, con el propósito de separarnos de nuestros empleos o inclusive solamente cambiarnos, lo cual atenta contra nuestros derechos laborales, nuestra estabilidad laboral y, sobre todo, algo muy importante: no nos estamos negando a que nos evalúen, pero que no sea con el propósito de corrernos. Queremos que nos evalúen, pero que el propósito sea la capacitación”, dijo Aguayo.

En un breve mensaje antes de colocar unas cadenas en las puertas del acceso principal del Palacio de Justicia, Aguayo explicó el método de evaluación.

“Los que no resulten positivamente evaluados van a tener dos oportunidades. Una, presentar un recurso de revisión que va a resolver también el Tribunal de Disciplina, ¿en qué término? No lo sabemos, y la otra opción es presentar un examen extraordinario”, explicó.

Al salir bien evaluados, a los trabajadores, se les dará una constancia de permanencia por dos años; si su examen resulta medianamente satisfactorio, se les dará un año de trabajo; y si obtienen un resultado negativo, podrán ser despedidos sin que se respeten los años de servicio.

“Pues mis 24 o 25 años que tengo en la institución se van a ir a la basura y probablemente me corran. A eso estamos expuestos todos”, advirtió Aguayo.

A decir de los trabajadores, con este nuevo mecanismo de evaluación los actuales encargados del Poder Judicial ingresarán a personas cercanas, como ya ha estado ocurriendo desde hace un año, cuando se eligió al nuevo Poder Judicial.

“Ahora vienen por las siguientes plazas que les importan, que son las de secretarios, las de actuarios y las de oficial judicial. Y justamente es lo que nosotros pensamos, que quieren espacios para meter a su gente”, aseguró.

Los trabajadores advirtieron que este paro permanecerá hasta que haya un diálogo con el Órgano de Administración Judicial.

“Lo único que nosotros queremos es que el Órgano de Administración Judicial deje sin efectos ese acuerdo y, si nos quieren evaluar, que sea con propósitos de capacitación, que elaboren un nuevo acuerdo, pero que este no lo apliquen”, concluyó.

Hasta el momento, a la suspensión de actividades se han sumado juzgados y tribunales de 16 estados: Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco, además de las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma en la Ciudad de México.