El abogado Héctor Villasana aseguró que no existen pruebas suficientes para acreditar el delito que se le atribuye al exfiscal de Chihuahua; la audiencia ante un juez federal en el Altiplano definirá si existen elementos para vincularlo a proceso

El abogado Héctor Villasana aseguró que la defensa confía en que no se dicte la vinculación a proceso de su representado, el exfiscal César Gustavo J. M., por el delito de traición a la patria, al sostener que no existen pruebas ni elementos suficientes para acreditar la conducta que se le atribuye.

Este día, a las 15:00 horas, el exfiscal será presentado nuevamente ante un juez federal en el Altiplano, quien determinará si existen elementos para vincularlo o no a proceso penal por dicho delito.

Previo a la audiencia, Villasana afirmó que la defensa está preparada para enfrentar el procedimiento y advirtió que la resolución podría sentar un precedente de gran trascendencia jurídica para el país.

“Nosotros estamos convencidos de que no hay bases ni sustento para que se dicte una vinculación a proceso por traición a la patria”, expresó el abogado, quien argumentó que no existen pruebas para acreditar el delito.

El litigante sostuvo que el caso trasciende la situación jurídica de su representado, debido a las posibles implicaciones de la interpretación de este delito en asuntos relacionados con la seguridad pública, las decisiones de los funcionarios y la libertad de expresión.

“El precedente que se pudiera dictar el día de mañana va a ser histórico y de mucha trascendencia para el país”, señaló.

Villasana explicó que, desde la perspectiva de la defensa, una eventual vinculación a proceso por hechos relacionados con actuaciones contra el crimen organizado podría abrir la puerta a que otras personas fueran sometidas a procesos penales por sus expresiones, opiniones o decisiones.

En ese sentido, mencionó a periodistas y ciudadanos como posibles afectados por un precedente de esa naturaleza. “Si se determina que el licenciado cometió el delito de traición a la patria por una acción en contra del crimen organizado, abre la puerta para que el día de mañana a un periodista, a una persona que opine, a cualquier persona se le pueda juzgar por sus expresiones por traición a la patria”, manifestó.

El abogado insistió en que, a su consideración, se trata de una línea que no debería cruzarse, pues una interpretación de ese tipo podría tener consecuencias para quienes ejercen funciones públicas o expresan opiniones distintas a las acciones gubernamentales. “Entonces sería una línea que definitivamente no se debe cruzar”, enfatizó.