El coordinador político estatal del PAN sostuvo que la reforma buscaba impedir que candidaturas o elecciones fueran beneficiadas por estructuras delictivas; la Suprema Corte invalidó ayer esas disposiciones

El coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla Mendoza, defendió las disposiciones electorales aprobadas en Chihuahua para enfrentar una eventual intervención del crimen organizado en los procesos electorales, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara parte de estas medidas tras las acciones de inconstitucionalidad promovidas, entre otros actores, por Morena.

Bonilla sostuvo que la legislación estatal había establecido mecanismos para que una elección pudiera anularse ante la intervención del crimen organizado, además de contemplar consecuencias para candidaturas beneficiadas por actos de delincuencia.

Sin embargo, la Corte determinó invalidar esas disposiciones, al considerar, entre otros aspectos, que las sanciones previstas no cumplían con criterios constitucionales de proporcionalidad y responsabilidad personal.

El panista cuestionó que Morena hubiera recurrido ante la Corte contra estas modificaciones y señaló que, desde su perspectiva, las medidas buscaban impedir que las estructuras delictivas tuvieran influencia en las elecciones.

“Esa protección existe para que las y los chihuahuenses vivan en paz, para que ninguna familia tenga que preguntarse si detrás de una candidatura hay estructuras del crimen organizado. Quitar ese blindaje no es un tecnicismo legal”, expresó.

La resolución de la SCJN se conoció este martes 29 de septiembre, a un día del inicio formal del proceso electoral local. Además de invalidar disposiciones relacionadas con la intervención del crimen organizado, el Pleno ordenó adecuaciones a la legislación de Chihuahua en materia de injerencia extranjera, conforme al marco constitucional federal.

En otro tema, Bonilla se refirió a la designación de Cruz Pérez Cuéllar como perfil de Morena para la gubernatura de Chihuahua rumbo a 2027, y planteó que durante el proceso electoral deberán contrastarse los resultados y antecedentes de quienes busquen encabezar el gobierno del estado.

“No es un asunto de campaña, es un asunto de expediente: cinco años de opacidad, de promesas incumplidas. Eso no se borra con una candidatura al Gobierno del Estado”, afirmó.