Alejandro Arturo Villa | El Sol de México
Lenia Batres Guadarrama rindió protesta como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la sesión solemne de este jueves. La ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández le colocó la toga magisterial frente al pleno del Poder Judicial en medio de aplausos de los asistentes.
En su discurso, la ministra Batres Guadarrama arremetió contra la Suprema Corte de Justicia, acusando que se han cometido excesos en los que se ha vulnerado la constitución asegurando que ésta se ha extralimitado y se ha enfocado en resolver casos con fuertes implicaciones políticas.
“Esta Suprema Corte se ha extralimitado, el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la constitución con de la instancia, la corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo ejecutar auditorías de desempeño”, declaró.
También señaló que la SCJN ha asumido una función de legislador positivo, al definir normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo, electo democráticamente.
“No tenemos una Suprema Corte subordinada a la constitución, sino una constitución subordinada a la Suprema Corte; al grado de que se escucha entre litigantes decir ‘¿y qué dice la constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte’. Una cosa es que la Corte y el Consejo de la Judicatura tengan responsabilidades y otra muy distinta es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan en ley suprema de la unión”, acusó.
Reprochó que el Poder Judicial se haya enfocado en resolver casos “con fuertes implicaciones políticas” en lugar de atender lo relacionado a seguridad pública y sumarse a los esfuerzos por combatir la incidencia delictiva, generando impunidad en la persecución de los delitos.
“En lugar de un fuerte activismo de una Corte sensible al principal problema del país, tenemos una enfocada en casos con fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran al orden público y al interés social como la declaración de invalidación de leyes o normas que buscan proteger los bienes nacionales”, expuso la nueva ministra.
