El trazo de la indagatoria federal abarca desde 2012 y detecta un modus operandi de simulación de competencia entre proveedores, obtención de manera directa de contratos y actividades similares a empresas factureras

Ciudad de México.- Siete empresas proveedoras de material para el INE y organismos electorales locales, vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, están en la mira de las autoridades federales de seguridad por operar como factureras.

El trazo de la indagatoria federal abarca desde 2012 y detecta un modus operandi de simulación de competencia entre proveedores, obtención de manera directa de contratos millonarios y realización de actividades similares a las empresas factureras.

Según la pesquisa de la Unidad de Inteligencia Financiera, una de las empresas de los Hernández Casillas, Cajas Graf, realizó entre 2012 y 2023 transferencias por 400 millones de pesos, de las cuales unos 130 millones fueron dirigidos a empresas relacionadas con una red de sociedades utilizadas para operaciones simuladas.La UIF detectó empresas con ingresos millonarios que reportaban pérdidas fiscales recurrentes, escasa rentabilidad, estructuras laborales reducidas y operaciones financieras que no correspondían con su capacidad operativa declarada.

Además se encontraron operaciones entre empresas relacionadas, con posibles prestanombres y dispersión de recursos hacia integrantes de la familia Hernández Casillas y terceros vinculados que no fueron identificados.

Derivado de las pesquisas, la UIF ha bloqueado más de 400 cuentas.Conforme un reporte oficial al que tuvo acceso Grupo REFORMA, las indagatorias de la UIF iniciaron en octubre de 2023 lo que llevó al congelamiento de cuentas el 17 de noviembre de ese año y en un segundo acuerdo, del 15 de enero de 2024, hubo un bloqueo a 231 cuentas pertenecientes a siete personas físicas, dos morales y 35 sujetos relacionados. Hasta el momento permanecen bloqueadas 70 cuentas.

La red indagada implica en su operación a empresarios y personajes que han ejercido funciones en ambos lado de la mesa: como proveedores y como funcionarios electorales.
Es el caso de Jesús Octavio García González quien fue representante de las empresas proveedoras Cajas Graf y Corporativo Zeg y nombrado por Guadalupe Taddei como director de Administración del INE.

Cuando Taddei fue titular del organismo electoral de Sonora, en 2021, asignó contratos directos a Cajas Graf representada desde entonces por García González.Otra funcionaria implicada con estas empresas proveedoras es Claudia Espino, quien fue designada como Secretaria Ejecutiva del INE en noviembre de 2024 pero renunció el 9 de septiembre pasado «por motivos de salud».No obstante su frágil salud apenas hace una semana fue designada Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Chihuahua, entidad de a que es originaria.Cuando Espino encabezó el OPLE de Chihuahua asignó directamente en 2021 contratos millonarios a la empresa que representaba García González.