Políticos y jueces están intentando cada vez más reprimir la libertad de prensa en México, lo que genera preocupación entre los grupos defensores del periodismo

CAMPECHE— Políticos y jueces están intentando cada vez más reprimir la libertad de prensa en México, lo que genera preocupación entre los grupos defensores del periodismo.

En 2025, se presentó en México una nueva demanda contra periodistas o medios de comunicación cada seis días, 69 casos en total, según Artículo 19, una organización que vela por la libertad de prensa, el triple que el año anterior.

Los políticos han descubierto que las demandas judiciales son «una forma mucho más eficaz de silenciar a la prensa porque dan la impresión de legalidad», afirmó Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas.

Antes, los críticos eran silenciados con dinero; ahora, con demandas.

Tribuna, un diario con 50 años de historia en el estado suroriental de Campeche, se convirtió en el principal medio de comunicación durante las administraciones del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el estado durante casi un siglo.

Entonces Layda Sansores, del partido gobernante Morena, ganó las elecciones a gobernadora de 2021. Y las cosas cambiaron rápidamente.

Retiró la publicidad gubernamental del Tribuna, publicidad que era necesaria para que el periódico pudiera seguir publicándose. Inició su propio programa de televisión para promocionar su administración y denigrar a los periodistas, entregando premios al estilo de los Óscar —llamados el «Pinocho de Oro»— a los periodistas que consideraba los mayores «mentirosos».

Tribuna publicó columnas que la atacaban duramente, y en ocasiones esas columnas iban más allá de sus ideas políticas. Las críticas se intensificaron con ataques sexistas y homofóbicos. En 2024, Tribuna, sin ingresos suficientes, dejó de imprimirse, aunque continuó publicando en línea, incluyendo artículos mordaces contra Sansores.

Sansores respondió con varias denuncias civiles y penales contra Jorge Luis González, quien se desempeñó como su editor durante tres décadas y continúa como colaborador, alegando daños morales, violencia política de género e incitación al odio.

A mediados de 2025, una de las causas penales interpuestas por Sansores contra González llevó a los jueces a inhabilitarlo para ejercer el periodismo durante dos años y a que un censor judicial revisara los artículos de Tribuna antes de su publicación en línea. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa denunciaron enérgicamente la decisión, argumentando que la censura previa es inaceptable y expresando su preocupación de que pudiera sentar un precedente.

González afirmó que apeló de inmediato las medidas y que un juez las suspendió temporalmente a la espera de un fallo definitivo del caso.