

Denuncia Coparmex en Durango despojo estructural y extorsión que obliga a empresarios a ceder utilidades y malbaratar sus bienes bajo amenaza
La Coparmex en Durango denunció que integrantes de los sectores comercial, industrial y del transporte en el estado son coaccionados para vender sus bienes a precios irreales, además de ser forzados a asignar ingresos y utilidades a “grupos alternos”.
“El despojo de propiedades y las ventas bajo amenaza no solo son delitos graves, sino que destruyen la confianza empresarial; ninguna economía prospera si la propiedad privada depende de la fuerza y no de la ley”, indicó la confederación patronal en un pronunciamiento. “Detrás de cada patrimonio arrebatado hay generaciones de esfuerzo que no debemos normalizar”, señaló al sostener que las extorsiones y despojos han alcanzado una escala estructural.
De acuerdo con el documento, la reciente movilización de fuerzas de seguridad federales en el estado abre una oportunidad para romper el silencio sobre estas afectaciones patrimoniales “y dialogar sobre un problema largamente callado por temor” .
El presidente de la Coparmex en Durango, Francisco Esparza Martell, lanzó un llamado a cerrar filas en contra de estos ilícitos. “La sociedad civil organizada, cámaras, organismos de la sociedad civil y colegios de profesionales deben cerrar filas en defensa del Estado de derecho, del trabajo lícito y el patrimonio familiar” , planteó.
También exhortó a las tres órdenes de Gobierno a diseñar mecanismos de denuncia segura y confidencial: «Las sociedades prosperan cuando la ley es más fuerte que el miedo. Coparmex Durango refrenda su compromiso de impulsar la justicia, la seguridad y la certeza jurídica para todos los duranguenses» , afirmó, al tiempo que urgió a las instituciones estatales a abrir mesas de diálogo para restituir los bienes a sus legítimos dueños.
El pronunciamiento empresarial se emite tras recientes acciones militares en la región, donde en los operativos del Ejército han sido aseguradas varias propiedades que habían sido despojadas por el crimen organizado a sus propietarios originales.
Además, la Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la captura de dos notarios públicos —uno de la capital estatal y otro de Gómez Palacio— acusados de participar en esquemas de fraude inmobiliario, uso de documentos falsos y suplantación de identidad para concretar la venta irregular de inmuebles sin el consentimiento de sus dueños legítimos.








