El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó por seis meses a dos exservidores públicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tras encontrarlos responsables de omitir el pago de 209 millones en cuotas a Pensiones Civiles del Estado, a pesar de contar con los recursos financieros necesarios.

Por: Tiempo

Se trata del exdirector administrativo de la UACH, identificado con las iniciales F.M.S., y de la exjefa del Departamento de Tesorería, A.L.R.F., quienes fueron señalados por no haber cumplido con la obligación de enterar las aportaciones correspondientes a la seguridad social, servicio médico y diferencial médico que exige la ley para garantizar la atención de los trabajadores universitarios afiliados a PCE.

La resolución fue emitida por la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE), derivada de la revisión financiera realizada a las instituciones afiliadas a Pensiones Civiles y su cumplimiento en materia de cuotas y aportaciones obligatorias.

Durante esta revisión, la ASE detectó que la Universidad Autónoma de Chihuahua mantenía un adeudo total por 209 millones 802 mil 826 pesos con Pensiones Civiles del Estado, a pesar de haber tenido en su poder los recursos necesarios para cumplir con la obligación.

“El director administrativo tenía la responsabilidad de garantizar el uso adecuado de los recursos financieros de la institución, y de supervisar que se programaran y pagaran en tiempo y forma las cuotas al sistema de seguridad social del estado. Esta omisión no fue casual ni desconocida, sino deliberada y arbitraria”, explicó el Auditor Superior, Héctor Acosta.

La resolución llega en un momento crítico para PCE, en medio de una crisis operativa y crecientes quejas de los derechohabientes por la precariedad de los servicios médicos. Acosta Félix subrayó que estas sanciones son las primeras derivadas de una revisión profunda que permitió detectar adeudos importantes por parte de entes afiliados, como la UACH.

“La inhabilitación de estos exfuncionarios universitarios sienta un precedente importante. Estamos comprometidos con hacer valer la ley y sancionar a quienes, desde sus funciones públicas, dañen las finanzas y operatividad de las instituciones”, señaló el Auditor. Finalmente, el órgano fiscalizador notificó que continuará con las revisiones a otras entidades públicas afiliadas a Pensiones Civiles del Estado, con el fin de identificar posibles omisiones similares y promover las acciones legales y administrativas que correspondan.