la Auditoría Superior del Estado (ASE) logró la inhabilitación por diez años del extesorero del Municipio de Rosales, identificado con las iniciales A.Q.M., tras comprobarse que realizó pagos indebidos de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a favor de personas que no laboraban en el Ayuntamiento. Además de la inhabilitación, se le impuso el pago de una indemnización económica al erario.

Por: Tiempo

De acuerdo con la ASE, las irregularidades fueron detectadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2021 del municipio, donde se identificó que se realizaron aportaciones obrero-patronales al IMSS para seis personas sin relación laboral con la administración municipal.

El caso también involucró a S.R.O., quien asumió el cargo de tesorero en meses posteriores al ejercicio fiscal auditado. Según el informe, este segundo funcionario también incurrió en pagos indebidos similares durante su gestión.

Ante estas evidencias, la ASE remitió el expediente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que concluyó que existía una falta grave por desvío de recursos públicos y responsabilidad administrativa por parte de ambos exfuncionarios.

La resolución fue emitida por la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, que determinó la inhabilitación temporal de A.Q.M. para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como para participar en contrataciones con el gobierno por una década. También se le ordenó cubrir una indemnización económica.

En el caso de S.R.O., aunque el Tribunal confirmó su responsabilidad administrativa, se abstuvo de imponerle una sanción debido a que este funcionario reintegró al municipio la totalidad del monto correspondiente a los pagos indebidos antes de que se dictara resolución.

El auditor superior del estado, Héctor Acosta Félix, destacó que gracias a las acciones de fiscalización de la ASE, y a la aplicación de sanciones por faltas administrativas graves, se han logrado recuperar más de dos millones de pesos en recursos públicos en casos similares