Decenas de personas todavía esperan saber si sus padres, hijos, hermanos y amigos se encuentran en una de las mil bolsas azules que fueron halladas en una zanja en 1990

Por: Latinus

AP.- El gobierno de Brasil se disculpó el lunes con las familias de las víctimas de la dictadura militar del país, cuyos restos podrían estar entre los hallados en una fosa común clandestina hace 35 años.

Decenas de familias aún esperan saber si sus padres, hijos, hermanos y amigos están en una de las más de mil bolsas azules descubiertas en 1990 en una zanja en un cementerio de São Paulo, en el aislado distrito de Perus.

Esa fue la primera de muchas fosas comunes descubiertas por las autoridades de Brasil tras el fin del régimen militar de 21 años en 1985.

La fosa clandestina en el cementerio Dom Bosco también contenía restos de varias personas no identificadas que no estaban vinculadas a la lucha contra la dictadura.

La disculpa oficial forma parte de un acuerdo entre fiscales, familiares y el Estado. Tuvo lugar durante el Día del Derecho a la Verdad, que también se conmemora en otros países.

La ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, declaró que el Estado brasileño fue negligente en el proceso de identificación de las bolsas y huesos encontrados en Perus.

Durante casi 25 años, los restos fueron custodiados por tres universidades estatales y laboratorios fuera de Brasil, pero sólo un puñado de familias finalmente logró que sus seres queridos fueran identificados.

Evaristo afirmó que el gobierno de Brasil ha invertido unos 200 mil reales brasileños (35 mil dólares) cada año para la identificación de las bolsas de Perus, pero reconoció que no es suficiente para dar paz a las familias de las víctimas.

«Lo que el gobierno brasileño ha estado haciendo es continuar el proceso de buscar que haya investigación y rendición de cuentas. Necesitamos recordar que nuestro ministerio fue desmantelado», señaló Evaristo, en referencia a la presidencia de Jair Bolsonaro de 2019 a 2022, un defensor de la dictadura militar del país. «Las familias tienen derecho a la verdad. La sociedad brasileña tiene derecho a la verdad».

Algunas familias que no están seguras de si los restos de sus seres queridos estaban en la fosa común de Perus asistieron a la ceremonia.

Gilberto Molina, quien los representó, logró que los restos de su hermano Flávio fueran identificados finalmente en una de las bolsas en 2005.

El Estado brasileño sólo reconoció que era responsable del crimen en el tercer certificado de defunción de su hermano, en 2019.

«Fue un funeral de casi 50 años. Para algunas otras familias, todavía es uno aún más largo», observó Molina. «Espero que cada familia aquí todavía persevere en su búsqueda de justicia».

En 2014, la comisión de la verdad de Brasil informó que al menos 434 personas fueron asesinadas y más de 100 desaparecieron completamente durante la dictadura militar del país.

La desaparición del exlegislador Rubens Paiva, según se retrata en la película ganadora del Oscar «Aún estoy aquí», renovó el interés del público en los abusos de la dictadura, atrayendo a una audiencia de más de 6 millones en Brasil.

Nilmário Miranda, exministro del gobierno y desde hace tiempo activista por los derechos humanos, indicó que descubrir una fosa común con víctimas de la dictadura en 1990 —tan sólo unos años después de que el país volvió a la democracia— fue un asunto destacado encabezado por la entonces alcaldesa de São Paulo, Luiza Erundina.

Al recibir amenazas de muerte anónimas, puso a funcionarios del ayuntamiento a supervisar las búsquedas.

«Todo estaba debajo de la alfombra de la sociedad, todo estaba oculto y no se podía hablar de ello. Eso puso en jaque el acuerdo que terminó con la dictadura, el que no castigó a torturadores y verdugos«, señaló Miranda, en referencia a la ley de amnistía de 1979 de Brasil, que no condenó los crímenes de los militares durante el régimen.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil podría revertir parcialmente esa ley pronto en casos de personas que fueron asesinadas entonces por agentes del Estado y cuyos restos desaparecieron.

Antonio Pires Eustáquio, quien se convirtió en administrador del cementerio Dom Bosco en 1976 y ayudó a las familias en su búsqueda de justicia durante décadas, celebró la disculpa.

«Esto sólo puede suceder en una democracia. Los dictadores no se disculpan por sus errores«, manifestó Eustáquio. «Recuerdo que en ese momento la gente siempre se preguntaba si me iban a matar porque yo sabía dónde estaba la zanja ilegal. Mi presencia aquí significa que la democracia ganó».

Pero Crimeia Almeida, cuyo esposo, su suegro y un cuñado desaparecieron cuando eran guerrilleros hace unos 50 años, considera que la disculpa del Estado es insuficiente.

«La disculpa no es suficiente. Es agradable, nos emocionamos, pero no resuelve el acto criminal», sentenció.