El órgano encargado de fiscalizar los recursos públicos de EU identificó al agua en su lista de riesgos que requieren atención urgente

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

A unos días de que arranque la nueva legislatura en Estados Unidos y de que Donald Trump asuma como jefe de la Casa Blanca, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) entregó a ambos poderes una listado de alertas y de asuntos pendientes que requieren atención inmediata, tres de los cuales le atañen a México.

Contaminación de aguas binacionales, tráfico de armas provenientes de Estados Unidos y seguridad fronteriza están entre los temas de mayor prioridad para las nuevas autoridades estadounidenses, de acuerdo con el organismo encargado de auditar los recursos públicos y de evaluar el desempeño gubernamental.

La Sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas administra dos plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que tratan aguas residuales, principalmente provenientes de México, señala un informe que la GAO remitió al equipo de Trump y a los nuevos legisladores para sustentar la necesidad de atender de manera prioritaria el problema.

Sin embargo, “el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la infraestructura de las plantas permiten que las aguas pluviales traigan bacterias, basura y sedimentos de México a Estados Unidos, lo que afecta la salud pública y el medio ambiente en Arizona y California”, alerta el reporte.

Según la GAO, la Comisión Internacional de Límites y Aguas “no ha tomado medidas integrales para resolver el problema, por lo que recomendamos que el Congreso considere ordenar a la Comisión que identifique alternativas, incluidas estimaciones de costos y fuentes de financiamiento, para ayudar a resolver los continuos problemas de calidad del agua”.

Los problemas se focalizan en las plantas tratadoras de aguas de Nogales, Arizona, colindante con la ciudad homónima de Sonora, en México, y la South Bay, en la frontera de San Diego, California, y Tijuana, Baja California, donde se llegan a tratar anualmente hasta 14 mil millones de galones (unos 53 mil metros cúbicos) de aguas residuales.

La auditoría elaborada por la GAO detectó que en Nogales, Sonora, funcionan numerosas instalaciones de enchapado de metales. Estas instalaciones, “vierten directamente sus aguas residuales, que contienen metales pesados como cromo, zinc y níquel, en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Los metales pesados se mezclan con el resto de las aguas residuales y se envían a la planta de Nogales (Arizona) para su tratamiento”.

Respecto a la planta de South Bay, el informe destaca que “Tijuana no ha construido suficiente infraestructura de alcantarillado para atender a la creciente población y urbanización de la zona, lo que contribuye a crecientes flujos de aguas residuales transfronterizos”.

Si bien el tratamiento del exceso de aguas residuales no viola el permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes, “la planta está experimentando un aumento en la cantidad de días en que trata flujos que superan su capacidad. Esto podría eventualmente causar violaciones, ya que se supone que la planta no debe operar por encima de su capacidad durante periodos prolongados”, alerta el reporte.

Tráfico de armas y seguridad fronteriza

La GAO, instancia no partidista que depende del Capitolio, “proporciona materiales clave para ayudar al próximo Congreso y a la administración entrante a abordar algunos de los problemas más urgentes del gobierno federal”, se lee en el documento “Transición presidencial y del Congreso”.

“Como fuente confiable de información basada en hechos y no partidista sobre agencias y programas gubernamentales, estamos bien posicionados para ayudar al Congreso y al personal a ponerse al día”, agrega el análisis que incluye tópicos como seguridad nacional, ciberseguridad, finanzas del sector salud, el futuro fiscal de Estados Unidos, fraudes, pagos indebidos, contratos del Departamento de Defensa, entre otros.

De acuerdo con GAO, “el tráfico de armas de fuego de origen estadounidense hacia México es una amenaza para la seguridad nacional, ya que facilita el comercio ilegal de drogas y se ha relacionado con el crimen organizado”.

El reporte cita datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia, los cuales muestran que 70% de las armas de fuego reportadas como recuperadas en México son de origen estadounidense.

A pesar de que la ATF, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado han realizado operativos conjuntos con el gobierno mexicano, el problema no ha sido erradicado, por lo que GAO conmina al nuevo presidente y a los legisladores entrantes a encararlo con urgencia.

“Ninguna de las agencias ha desarrollado plenamente medidas de desempeño para sus esfuerzos por interrumpir el tráfico de armas de fuego a México, y por lo tanto tienen una capacidad limitada para evaluar el progreso”, reconoce el documento, el cual refiere que anualmente son decomisadas en México hasta 50 mil armas de origen estadounidense.

El dato coincide con la carta redactada el pasado 26 de noviembre por la presidenta Claudia Sheinbaum y enviada al presidente electo Trump con el objetivo de disuadirlo de imponer aranceles a las manufacturas mexicanas.

“Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México provienen de su país. Las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente los ponemos nosotros”, rezaba la misiva.

En materia de seguridad fronteriza, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental reconoce que “durante décadas, la frontera suroeste de Estados Unidos ha sido vulnerable a actividades ilegales transfronterizas, como entradas ilegales, contrabando de drogas y contrabando, y actividades terroristas”.

Según el documento titulado “Seguridad en la frontera suroeste”, la participación del Departamento de Defensa para apoyar las labores del Departamento de Seguridad Nacional en la vigilancia de la frontera con México es opaca, debido a que desde hace seis años no han justificado gastos ni presentado resultados.

“Descubrimos que el Departamento de Defensa utilizó estimaciones de costos poco fiables y no evaluó plenamente los efectos de las solicitudes en la preparación militar. Además, el Departamento de Defensa no hizo un seguimiento de todos los costos ni proporcionó al Congreso información oportuna sobre los costos totales en los que incurrió para apoyar la seguridad nacional, como se le había ordenado”, se lee en el documento que elaboró la GAO para destacar los asuntos de urgente atención.

Las anomalías contables y operativas en los esfuerzos por resguardar la frontera de Estados Unidos con México se dan a conocer a menos de dos de meses de que asuma el poder el republicano Donald Trump, quien ha anunciado que una de sus primeras acciones será emprender la mayor deportación de migrantes ilegales en la historia del país.