La oposición emitió 119 sufragios en contra porque “el proyecto no otorga certeza jurídica a quien cumple y reglas justas para quien trabaja”

Diputados de la denominada 4T aprobaron por 334 votos en pro el dictamen en lo general que reforma la Ley aduanera para “fortalecer la capacidad de la autoridad aduanera y evitar mercancías por debajo de su valor que disminuyan las contribuciones.

La oposición emitió 119 sufragios en contra porque “el proyecto no otorga certeza jurídica a quien cumple y reglas justas para quien trabaja”; hubo cero abstenciones.

Por la 4T, entre otros, subió a tribuna el diputado del Partido Verde, Mario Alberto López, a quien autoridades de Estados Unidos retiraron su visa en septiembre de 2025, por lo que no puede regresar a su rancho de unas cinco hectáreas dedicado a la crianza de caballos. López adelantó que el PVEM votaría a favor del dictamen.

En su fundamentación, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano aseguró que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum busca combatir la legalidad en operaciones de comercio exterior.

“El planteamiento central del dictamen es preciso: combatir la evasión y cerrar espacios a conductas ilícitas que afectan las finanzas públicas”, agregó.

Antonio Altamirano, diputado de Morena resaltó que el proyecto “atacará de frente fenómenos que durante muchos años han afectado profundamente a nuestro país, como es el contrabando de mercancías y lo que coloquialmente se ha conocido como el huachicol fiscal”.

Añadió que “se propone eliminar el umbral del 50% que actualmente limita la actuación de la autoridad aduanera en diversos supuestos”.

“La información presentada a esta comisión evidenció que miles de operaciones potencialmente irregulares quedaban fuera de revisión por observar ese porcentaje específico, aun cuando existieran diferencias relevantes de valoración”, indicó.

El morenista resaltó que “se actualizan las disposiciones relacionadas con el embargo precautorio, la sustitución de garantías y la liberación de depósitos”.

“Fortaleciendo la capacidad institucional para proteger el interés fiscal sin apartarse de los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso”, apuntó.

El diputado Carol Antonio aseguró que se plantea “fortalecer las facultades de fiscalización de la autoridad sin afectar los mecanismos de defensa del particular, ni permitir que una mercancía permanezca indefinidamente afectada, cuando se desvirtúen las causas que dieron origen al procedimiento de embargo”.

“Se incorpora un régimen sancionatorio reforzado para los casos relacionados con hidrocarburos y petrolíferos, estableciendo multas equivalentes de entre el 50% y 100% del valor comercial de las mercancías cuando se actualicen determinadas infracciones aduaneras vinculadas con este tipo de productos”, apuntó.

Dijo que “quien utilice operaciones aduaneras para facilitar esquemas ilícitos relacionados con combustibles deberá enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño que ocasiona al país”.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez subió a la tribuna mencionó que el dictamen “otorga beneficios a las empresas huachicoleras, para que puedan estar pagando multas de entre un 50% al 100%”.

“¿Ustedes creen que los huachicoleros no tienen la capacidad de llevar a cabo el pago de esas multas? Me parece que no es el camino”, remarcó.

El diputado del PAN recordó que su bancada se pronunció porque “castigue a toda la línea criminal del huachicol en nuestro país, con pena corporativa”.

“Que vaya desde el tráfico de influencias que llevó a cabo el hijo del expresidente López Obrador, Andy López Beltrán; también contra su operador principal, que fue Amílcar Olán, en el contrabando de combustibles”, enfatizó.

El legislador Téllez agregó que también debe ir “contra todos los funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas que han permitido el contrabando de combustibles en nuestro país”.

“Y no solamente que existan multas, sino que exista cárcel, cárcel para todos aquellos que traficaron a través de barcos que entraron por las aduanas mexicanas”, añadió.

Con sorna, el panista recordó que “esos barcos que no quisieron ver los combustibles y el contrabando no entran por el aire, entran por las aduanas mexicanas, por las redes de corrupción, enquistadas en Morena”.

“En este gobierno que perfeccionaron los hijos del presidente López Obrador y sus operadores del clan del malestar”, remarcó.

Dijo también que “el embargo precautorio va a detener la producción, rompe la cadena productiva, habrá costos elevados y retraso en entregas de cumplimiento”.

En su turno, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Christian Castro consideró que para combatir verdaderamente el huachicol fiscal, “significa identificar quién importa, quién transporta, quién almacena, quién factura y, sobre todo, quién se queda con el dinero”.

“Queremos castigo para quien trafica con combustible ilegal, pero también certeza para el transportista que trabaja legalmente, para la empresa que paga impuestos, para el productor y para el pequeño comerciante”, apuntó.

El diputado del PRI enfatizó que su bancada no hace “una defensa del contrabandista; es una defensa de la legalidad bien aplicada.

«Combatir el contrabando, sí; combatir el ‘huachicol’, sí; fortalecer las aduanas, sí, pero con reglas claras, proporcionalidad, debido proceso, tecnología y controles sobre la autoridad”, recalcó.

Luego de la aprobación en lo general, los diputados pasaron a la discusión en lo particular.