El grupo empresarial llamó al gobierno de Claudia Sheinbaum a homolagar las legislaciones locales y garantizar la operación de unidades especializadas en fiscalías para disminuir la incidencia de este delito

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la cifra de 6 mil 562 casos de extorsión en México representa apenas una pequeña fracción de los delitos cometidos en el país.

Por ello, exigieron a las autoridades combatir este crimen con la homologación de las legislaciones locales y garantizar la operación de unidades especializadas en fiscalías.

«Necesitamos instituciones capaces de responder con eficacia y una aplicación efectiva de la ley. De ello dependen la seguridad de las personas, la continuidad de las empresas y la confianza para invertir», aseguró a través de un comunicado.

El grupo empresarial advirtió que la extorsión se mantiene como el principal delito al alza en México, después de que registrara un incremento del 9.17% frente al mismo periodo de 2025, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) advierte que el 97% de los casos no se denuncian ni se registran, lo que podría aumentar considerablemente el número de víctimas en el país.

Según las cifras oficiales, en el primer semestre del año hubo un incremento de 551 víctimas; en 19 entidades se registró un incremento y en 12 se alcanzó su máximo histórico en los últimos 11 años.

Morelos, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México y Baja California Sur registraron la mayor tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes; mientras que Guanajuato y Ciudad de México concentraron la mayor cantidad de municipios con incidencias.

Asimismo, la Coparmex advirtió que la modalidad de extorsión ha cambiado en los últimos años y siete de cada 10 son a distancia a través de internet, redes sociales o teléfono; dos son presenciales y el resto son tentativas.

El grupo empresarial llamó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a dar seguimiento a las fiscalías e identificar progresos y pendientes, así como a instalar inhibidores en penales para impedir la comunicación desde esos espacios.