Durante la sesión también se aprobó separar de su cago a presidente municipal de Úrsulo Galván, el emecista Bertín Bravo Montero, señalado por el presunto delito de desaparición forzada

Veracruz.- Morena y sus 40 aliados en el Congreso de Veracruz aprobaron esta noche, durante una sesión plenaria, el desafuero de dos alcaldes emecistas; la oposición solo aportó ocho votos a favor de los ediles.

Con el desafuero, ambos exalcaldes quedan separados de sus cargos para enfrentar los procesos penales por los que la Fiscalía General del Estado los está señalando.

El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, deberá enfrentar su proceso penal bajo la acusación de su presunta autoría intelectual en el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, ocurrido el 2 de junio en Nanchital, al sur de Veracruz.

Luego de la determinación del Congreso del Estado, Juliana Ruiz Martínez, también de MC, asumirá la Presidencia Municipal de Ixhuatlán del Sureste.

El alcalde de Úrsulo Galván, el emecista Bertín Bravo Montero, deberá enfrentar el proceso en su contra por el presunto delito de desaparición forzada, en agravio del empresario minero, Héctor Ramos Sánchez, y de su escolta, Ignacio López Torres.

El dictamen para la declaración de procedencia de ambos exalcaldes fue aprobado por 40 votos de los legisladores de Morena, Verde y Partido del Trabajo; mientras que los ocho votos en contra fueron de los opositores: Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, y el diputado independiente, Héctor Yunes Landa.

Durante la sesión, dos legisladores no asistieron: Fernando Yunes Márquez, del PAN, y José Ricardo Ruiz Carmona, de Morena, respectivamente.

El alcalde de Úrsulo Galván quedó separado de su cargo y su lugar será ocupado por su suplente, Jesús Rosado Guzmán.

Reacción de MC
Antes de la votación, MC exigió cesar lo que llamó «justicia selectiva y la persecución política en Veracruz».

A través de un documento, firmado por el coordinador nacional, Jorge Álvarez Máynez, MC informó que exigieron a la CNDH medidas de protección ante las intromisiones y arbitrariedades del Gobierno del Estado.

Reiteró su postura de cero tolerancia a la impunidad, pero demanda estricto apego al debido proceso, autonomía institucional y respeto a la voluntad ciudadana.