El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Chihuahua aseguró que los nuevos lineamientos en materia de Derechos de las Audiencias no representan un intento de censura, sino una medida para distinguir con claridad la información noticiosa, las opiniones y la publicidad.

Por: Tiempo La Noticia

“De ninguna manera se trata de censurar, sino de establecer reglas claras que permiten distinguir contenidos y evitar la desinformación”, afirmó el partido dirigido en el estado por Brighite Granados, a través de comunicado.

Morena Estatal expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la presentación de la propuesta, la cual contempla mecanismos de autorregulación para los medios de comunicación.

Según el posicionamiento, “no hay intervención del Estado en la definición de la veracidad de los contenidos”, sino que se busca promover “la autorregulación de los medios de comunicación mediante códigos de ética y defensores de audiencias”.

Los lineamientos también plantean “diferenciar entre información noticiosa, opinión y contenido publicitario”, con el propósito de evitar prácticas que puedan inducir al público al error y garantizar el acceso a información clara.

La propuesta permanecerá en consulta pública hasta el 21 de agosto de 2026 y, en principio, será aplicable a la radio y la televisión, aunque se contempla la posibilidad de ampliar su alcance.

Decreto de transparencia
Morena Chihuahua también respaldó el decreto presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, para fortalecer el acceso a la información pública.

El decreto contempla la eliminación de la discrecionalidad, la publicación mensual y obligatoria de los contratos públicos, así como el fortalecimiento de la plataforma digital de transparencia en el plazo de un mes.

Además, establece excepciones limitadas para procesos judiciales en curso y asuntos relacionados con la seguridad nacional.

El Comité Ejecutivo Estatal sostuvo que ambas propuestas forman parte de una política orientada a garantizar derechos, facilitar el acceso a la información y fortalecer la rendición de cuentas.