La sentencia del narcotraficante reavivó los reclamos de México a Estados Unidos por su polémica captura, mientras el estado enfrenta un conflicto interno entre Los Chapitos y La Mayizza

Después de que la Justicia estadounidense sentenciara al narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada a cadena perpetua, México sigue haciendo frente al conflicto interno que provocó su detención en el seno del Cártel de Sinaloa o Cártel del Pacífico, al tiempo que ha reavivado la controversia con Washington para exigir que aclare el papel que jugó en su controvertida captura.

El 25 de julio de 2024 aterrizó en Texas el histórico cofundador del Cártel de Sinaloa, quien acusó a uno de los hijos de su antiguo socio Joaquín «El Chapo» Guzmán de llevarlo por la fuerza a EU.

El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pidió un informe completo a Washington para saber si intervinieron sus agentes en el país vecino, pese a que la versión que le trasladaron fue que en la detención de «El Mayo» no hubo participación de EU.

Eso fue siempre puesto en duda por México y ahora, dos años después, la polémica se acrecentó por la reciente donación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a un museo del avión en el que fue trasladado el narcotraficante a Estados Unidos.

Asimismo, esta circunstancia hizo que la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, sostuviera, tras la sentencia contra Zambada, que es «obvia» la participación estadounidense en su detención, mientras que semanas atrás la Fiscalía General de la República (FGR) había enviado nuevos requerimientos de información para esclarecer los hechos.

Una detención que el gobierno «no puede dejar pasar»
Para el analista de seguridad David Saucedo, el controvertido arresto de «El Mayo» de hace casi dos años es algo que «no puede dejar pasar» el Ejecutivo de Sheinbaum, al tratarse de «la captura de un mexicano en territorio mexicano por agentes de Estados Unidos».

«Esto es algo que los distintos gobiernos de México han combatido durante décadas», explicó a EFE Saucedo, quien no tiene dudas que el FBI intervino y negoció la captura del capo, de 76 años.

A la controversia política se suma la situación en la que quedó el estado de Sinaloa (noroeste) tras la traición dentro del homónimo cártel, que provocó un conflicto interno entre facciones que deja más de 3 mil asesinatos y miles de personas desplazadas.

Pese al masivo despliegue militar de la administración de Sheinbaum para contener la situación, los episodios de violencia no se han disipado del todo, ya que ahora son más «puntuales» y se han trasladado a las zonas rurales, según un informe publicado por la organización International Crisis Group (ICG) en junio.

El conflicto entre las facciones de Los Mayos, vinculados a los hijos de Zambada, y Los Chapitos, de los vástagos de «El Chapo», quienes se disputan el liderazgo de una de las mayores organizaciones del narcotráfico del mundo.

El experto en seguridad aseguró que las autoridades solo tienen una presencia «disuasiva», por lo que no cree que terminen los enfrentamientos criminales en el corto plazo.

«No hay detención de los cabecillas de la estructura criminal. Lo único que hay es un manejo, una administración del conflicto para tratar de reducir la violencia homicida», lamentó.

Saucedo percibe que las facciones del Cártel de Sinaloa se han «fortalecido para financiar el conflicto», mientras tienen sus estructuras militares «intactas».

Además, sus principales líderes —como Iván Archivaldo o «El Mayito Flaco»— siguen en libertad y buscados por el gobierno mexicano y Washington, que ofrece hasta 15 millones de dólares como recompensa.

Esto se une a la acusación formal de EU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señalaron por, presuntamente, haber trabajado para Los Chapitos a cambio de sobornos.