Las autoridades aseguraron que la presencia de la Policía Estatal es permanente en Guadalupe y Calvo

Ante el aumento en casos de desplazamiento forzado en los que niñas, niños, adolescentes, hombres y mujeres se han visto afectados, el Gobierno del Estado pidió a la Federación fortalecer su intervención en el municipio de Guadalupe y Calvo y aseguró que la presencia de la Policía Estatal en aquella región ha sido permanente.

En conferencia de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, Enrique Rascón Carrillo, explicó que el desplazamiento forzado en la entidad es consecuencia de la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, situación que ha obligado a un gran número de familias, principalmente indígenas, a abandonar sus hogares.

Precisó que, si bien el combate al crimen organizado corresponde constitucionalmente al Gobierno Federal, el Estado ha asumido su responsabilidad mediante acciones presupuestales, operativas y humanitarias para atender a las personas desplazadas y proteger sus derechos.

No obstante, advirtió que la magnitud del problema exige una mayor participación de la Federación, por lo que presentó cinco propuestas para fortalecer la coordinación institucional: incorporar el desplazamiento forzado interno como tema permanente en las Mesas de Construcción de la Paz del Gobierno Federal e Integrar este fenómeno a la agenda del Gabinete del Bienestar para reforzar la atención en alimentación, salud, vivienda y educación.

Además, buscan fortalecer de manera permanente la estrategia federal de seguridad en los municipios serranos, mediante la atención a las causas, la desarticulación de las estructuras criminales y la detención de objetivos prioritarios.

Así mismo, pretenden restablecer los servicios federales en las comunidades afectadas, particularmente en materia de salud, energía eléctrica, abasto e inspección forestal para combatir la tala ilegal y destinar recursos específicos para la atención del desplazamiento forzado interno en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por su parte, la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma, expusieron las acciones implementadas para atender a las familias.

Destacaron la activación de mecanismos de acompañamiento y asistencia a través de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno y la habilitación de albergues temporales, así como la entrega de alimentos, atención médica y artículos de primera necesidad.

También apoyo psicológico y jurídico; la restitución de documentos personales, vinculación a programas de integración social y laboral, y acompañamiento para lograr un retorno seguro cuando existan las condiciones de seguridad necesarias.

Las funcionarias subrayaron que la atención estatal no se limita a responder a la emergencia, sino que busca restituir los derechos de las personas afectadas y ofrecerles condiciones para reconstruir su proyecto de vida.

El Gobierno del Estado dijo que continuará cumpliendo con su responsabilidad de atender la crisis humanitaria, brindar protección a las familias desplazadas y fortalecer la presencia institucional en la Sierra Tarahumara.