Los políticos y funcionarios de México están utilizando las leyes del país para intimidar a los críticos y a los medios de comunicación, obligándolos a la censura y frenando el escrutinio

Una fiscalía estatal acusó a un periodista de terrorismo por su cobertura. Un tribunal ordenó a un columnista que borrara un artículo que relacionaba a una candidata con redes criminales. Una jueza prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora a menos que su contenido fuera autorizado por un revisor judicial.

Los ejemplos, todos del último año, forman parte de una tendencia al alza en todo México: los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país como arma para demandar, multar y perseguir a críticos y periodistas, según grupos defensores de la libertad de prensa que han documentado casos judiciales. En procesos civiles, penales y electorales se ha acusado a periodistas de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial o leyes destinadas a proteger a las mujeres políticas de la discriminación, entre otras cosas.

México lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, a través de demandas y órdenes judiciales, la prensa mexicana se enfrenta a un nuevo obstáculo menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero también capaz de silenciar.

Estas prácticas, según expertos y periodistas, han llevado a algunas personas a autocensurarse o a evitar cubrir ciertos temas o figuras políticas por miedo a la ruina económica, a litigios interminables o a la cárcel.

“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el poder judicial para amedrentar”, dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa. “No para que se les repare un supuesto daño a su honor, a su reputación, a su imagen, sino más bien para sujetar a un desgaste prolongado en el tiempo a los periodistas”.