El senador Javier Corral Jurado se desistió hoy de la impugnación presentada contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en relación con el intento de detención ocurrido el 14 de agosto de 2024 en un bar de la capital del país, acción que había provocado nueva cita judicial a la gobernadora Maru Campos.

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El anuncio fue hecho este martes 2 de junio a través de un comunicado conjunto firmado por el propio legislador y el despacho Schütte & Delsol Abogados, su asesoría jurídica, quienes argumentaron que la decisión busca evitar que el caso continúe siendo utilizado con fines políticos y mediáticos.

Aquella noche de agosto de 2024, Corral fue localizado en el bar Gin Gin de la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que intentaron arrestarlo, sin embargo, la intervención de autoridades capitalinas frustró la detención, y tras una denuncia del exgobernador de Chihuahua sobre un conflicto competencial, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX resolvió que no había delito qué perseguir hacia las autoridades chihuahuenses.

Ante esa determinación, el senador presentó una impugnación al considerar que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, había incurrido en privación ilegal de la libertad y otros delitos. Es esa impugnación la que ahora retira, había provocado que una jueza penal en CDMX citara a la Mandataria, lo que provocó de nueva cueneta polémica, pues goza de fuero.

En el comunicado, la defensa acusó a la gobernadora de actuar con «doble rasero»: en la Ciudad de México habría presentado el trámite judicial como un acto de persecución política en su contra, mientras que en Chihuahua lo habría exhibido como prueba de exoneración. Por ello, señalaron, el senador no contribuirá a lo que calificaron como una «campaña de victimización mediática y manipulación política» por parte de la mandataria estatal.

No obstante, el despacho advirtió que el desistimiento no cierra el expediente en su totalidad. Según el comunicado, diversos presuntos delitos cometidos en contra de Corral —con lo que describieron como el «actuar concertado e ilegal» de autoridades ministeriales, judiciales y de fiscalización superior, así como del Poder Ejecutivo de Chihuahua— continúan bajo investigación ante la Fiscalía General de la República, a partir de denuncias presentadas por el propio legislador y por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El comunicado cerró con un llamado a investigar «a fondo los dos lados»: tanto las acusaciones contra la administración de Corral como el presunto uso faccioso de las instituciones chihuahuenses por parte de la actual administración estatal, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.