El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció que se pospondrá la discusión de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, relacionada con la nulidad de elecciones por intervención extranjera, hasta que concluya el proceso de declaratoria constitucional de la reforma.

El legislador explicó que, aunque existen precedentes de aprobar reformas constitucionales y leyes secundarias de manera simultánea, considera necesario esperar a que la modificación constitucional sea promulgada y entre en vigor antes de avanzar con la legislación reglamentaria.

“Es indispensable la reforma, pero también debemos cuidar con escrupulosa actitud todos los procesos legislativos”, afirmó.

Monreal adelantó que presentará un punto de acuerdo para modificar el orden del día del periodo extraordinario y aplazar la discusión del dictamen, con el objetivo de construir un mayor consenso entre las fuerzas políticas.

Indicó que Morena, PT y PVEM ya alcanzaron acuerdos sobre el tema, aunque aún falta dialogar con PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

El diputado sostuvo que la legislación secundaria es clave porque dará sustento legal al proceso de nulidad electoral, además de definir conceptos como injerencia extranjera, intervención, pruebas y sanciones aplicables.

Asimismo, señaló que busca eliminar cualquier interpretación que permita considerar publicaciones en redes sociales, entrevistas o artículos periodísticos como causal automática de anulación de elecciones.

Monreal explicó que, de aprobarse únicamente la reforma constitucional sin la ley reglamentaria, la disposición quedaría como un principio general sin posibilidad de aplicarse de manera inmediata.

Añadió que, debido a los tiempos legislativos y electorales, la reforma secundaria ya no podría aplicarse para el proceso electoral de 2027 y, en caso de aprobarse posteriormente, tendría efectos hasta la elección presidencial de 2030.

Finalmente, precisó que corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valorar las pruebas y determinar, en su caso, la aplicación de sanciones o nulidad de una elección.