La mandataria advirtió que México no puede actuar únicamente a partir de acusaciones provenientes del extranjero

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México «tiene derecho a dudar» de las acusaciones enviadas por Estados Unidos contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos, al insistir en que no existen pruebas suficientes para proceder penalmente en territorio nacional.

«Tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes», expresó.

En la mañanera, advirtió que México no puede actuar únicamente a partir de acusaciones provenientes del extranjero y sostuvo que cualquier investigación contra funcionarios o políticos debe sustentarse en pruebas presentadas conforme a las leyes mexicanas.»Porque si no, con una declaración de una persona de un lugar, ya con eso contra algún gobernador, o contra otro gobernador, o contra otro gobernador, o contra otro gobernador. Pero yo dije, incluso si se tratara de un gobernador que no hubiera sido electo por Morena, sino por otro partido político, estaríamos actuando de la misma manera», afirmó.

Insistió en que el Gobierno mexicano mantiene cooperación y coordinación con Estados Unidos, pero advirtió que ello no implica aceptar acusaciones sin sustento judicial.

«Si hay personas que cometieron algún delito, por supuesto, pero que tengan pruebas con base en las leyes mexicanas», señaló.La Mandataria aseguró que la posición del Gobierno mexicano no busca encubrir a funcionarios o políticos de Morena, sino defender la soberanía nacional y evitar que acusaciones provenientes del extranjero determinen decisiones políticas internas sin sustento judicial.

«Porque de otra manera, entonces se determina desde afuera, sobre todo cuando se trata de personas que fueron electas por su pueblo, si se queda gobernando uno o no, también es un tema de soberanía», dijo.El pasado 28 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó formalmente a México la detención urgente con fines de extradición de 10 funcionarios, ex funcionarios y políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.