La noche del 14 de agosto de 2024 quedó grabada en la memoria política de Chihuahua y del país entero. Lo que comenzó como un operativo de la Fiscalía Anticorrupción del Estado para ejecutar una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Corral Jurado terminó convertido en uno de los episodios más polémicos del conflicto entre el gobierno chihuahuense y las autoridades federales: el llamado «corralazo». 

Por: Tiempo La Noticia

El operativo

Elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), se trasladaron a la Ciudad de México con una orden de aprehensión contra Corral Jurado por los delitos de peculado agravado y corrupción. La diligencia los llevó hasta el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma Norte, uno de los establecimientos de mixología más reconocidos de la capital del país, donde el exmandatario se encontraba cenando esa noche.

Los agentes chihuahuenses ingresaron al establecimiento dispuestos a ejecutar la orden. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación frustró por completo el operativo y desató una controversia de alcance nacional que se televisó en tiempo real.

La intervención de la CDMX

Minutos después de que los elementos de la FACH se presentaron en el restaurante, recibió una llamada el entonces encargado de la Fiscalía de Casos Relevantes de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, quien también fungía como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La llamada provenía del equipo de Corral Jurado, que alertaba sobre la presencia de personas armadas dentro del local.

Lara se apersonó en el Gin Gin y, ante las cámaras que registraron el momento, se llevó al exgobernador del restaurante, argumentando que los agentes chihuahuenses habían actuado de manera ilegal al no contar con el oficio de colaboración interinstitucional requerido para ejecutar una diligencia fuera de su jurisdicción.

«Bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate como equivocada y dolosamente se ha señalado, cumplimos estrictamente la ley», afirmó Lara en un mensaje en video difundido horas después, en el que explicó que el oficio presentado por la FACH había sido recibido por la Dirección General de Atención y Cumplimiento a las 20:16 horas, apenas unos minutos antes de que se intentara ejecutar la detención, por lo que aún estaba en proceso de atención sin respuesta oficial.

El funcionario capitalino sostuvo que, sin la colaboración formalizada de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, los agentes de Chihuahua no estaban facultados para irrumpir en otra entidad y ejecutar un mandamiento judicial. «El personal ministerial del estado de Chihuahua no contó en ningún momento con el oficio de colaboración que se requiere para llevar a cabo una diligencia fuera de su jurisdicción», subrayó. Añadió que Corral «por propia voluntad decidió acompañarme a aclarar su situación jurídica» en las oficinas de la Fiscalía capitalina, de donde se retiró por su propio pie al no existir mandamiento judicial que ordenara su detención en esa ciudad.

La respuesta de Chihuahua

El fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín respondió en conferencia de prensa. Acusó a Corral y al exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, de haber desviado 98 millones de pesos mediante la simulación de un contrato con un despacho legal vinculado a la reestructuración de la deuda estatal, y calificó la intervención de Lara como una obstrucción directa al operativo.

«Nosotros vamos a agotar todas las instancias que tenemos a nuestro alcance para arrestar al exgobernador Javier Corral», declaró «Bayo» Valenzuela, quien además precisó que en ese momento el exgobernador ya enfrentaba un proceso administrativo ante la Secretaría de la Función Pública del Estado por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

El «corralazo»

Las imágenes del exgobernador saliendo del restaurante acompañado por Ulises Lara, mientras los agentes chihuahuenses quedaban imposibilitados de actuar, recorrieron las pantallas de televisión y las redes sociales del país. La escena fue bautizada rápidamente por la opinión pública como el «corralazo», un término que condensó en una sola palabra la frustración del operativo, la figura del exmandatario y el carácter cinematográfico de una noche que expuso, ante millones de mexicanos, las tensiones jurisdiccionales y políticas entre Chihuahua y las autoridades con sede en la Ciudad de México.

El episodio se convirtió en referencia obligada del conflicto entre el gobierno estatal panista y el entorno federal, y marcó el inicio de una batalla legal que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua prometió no abandonar.