La mayoría de los exmandos de la policía local o de la fiscalía han optado por no dar declaraciones, mientras que el gobernador buscó los primeros días limpiar su nombre descalificando los señalamientos de Washington

Este 6 de mayo se cumple una semana desde que el gobierno de Estados Unidos anunció que investiga formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios del gobierno estatal por sus presuntos nexos con la facción de «Los Chapitos».

Desde el pasado 29 de abril, la mayoría de los 10 acusados han optado por guardar silencio y evitar las apariciones públicas, aunque algunos intentaron apegarse al fuero de sus cargos para evitar tener que ser detenidos y enviados a Estados Unidos.

Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública, no han sido vistos en público desde que Estados Unidos publicó su acusación; tampoco han dado declaraciones para deslindarse de los señalamientos.

Tampoco se han reportado apariciones públicas de los exaltos mandos de la policía y de la fiscalía de Sinaloa investigados por Washington: Marco Antonio Almanzas Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias «Cholo», José Antonio Dionisio Hipolito, alias «Tornado» y Juan Valenzuela Millán.

A las pocas horas de la acusación, Rocha Moya emitió un comunicado en el que afirmaba que era una calumnia y representaba un ataque a la Cuarta Transformación; negó que fuera a separarse del cargo e insistió en reiteradas ocasiones en su inocencia.

Sin embargo, durante la noche del 1 de mayo, el morenista anunció que solicitaría licencia temporal en lo que se llevaban a cabo las investigaciones. Desde ese momento, se desconoce su paradero, aunque se cree que está en Sinaloa.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo a pregunta expresa de la prensa sobre si Rocha Moya seguía en México que: «Hasta donde tengo entendido, sigue aquí en Sinaloa; sinceramente, no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa».

También el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez, siguió los pasos del gobernador, y con minutos de diferencia solicitó licencia temporal para separarse de su cargo mientras las investigaciones están activas.

Gámez aseguró previamente que las acusaciones contra él y nueve funcionarios de Sinaloa «no tienen fundamento»; desde que se apartó temporalmente del cargo, ha guardado silencio.

Casi una semana después de que se revelaran las acusaciones, la Fiscalía de Sinaloa informó el 5 de mayo que Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia al cargo de Vicefiscal General del Estado.

En una tarjeta informativa, dio a conocer que el funcionario manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico.

El único funcionario que no ha solicitado licencia es el senador morenista Enrique Inzunza, quien dice encontrarse en su domicilio en Badiraguato, Sinaloa; sin embargo, no se le ha visto en público.

Inzunza ha optado por protegerse con el fuero que le otorga su cargo como senador, aunque este miércoles anunció que no asistiría a la sesión de la Comisión Permanente.

El legislador morenista desapareció la semana pasada luego de pasar lista en el pleno en el marco de la publicación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.