Acumuló la ciudad 31 casos en el primer trimestre del año

En el primer trimestre de 2026, el municipio de Juárez acumuló 31 víctimas de tortura, cifra que sitúa a esta localidad como la quinta de mayor incidencia en todo el país, por debajo de Centro (Tabasco), Benito Juárez (Quintana Roo), Puebla (Puebla) y Ecatepec (Estado de México).

Entre estos cinco municipios mexicanos, suman una de cada cuatro víctimas. Exactamente, 223 de 819 que hubo entre enero y marzo de 2023, aunque sólo en cinco de 171 demarcaciones que reportaron casos de tortura.

Centro tuvo 57 víctimas; Benito Juárez, 56; Puebla, 46, y Ecatepec, 33, y le siguen a Juárez otros municipios del Estado de México y Quintana Roo.

En cantidad de casos, en los que puede haber más de una víctima por caso, el municipio de más incidencia fue Puebla con 45 entre enero y marzo, seguido de Benito Juárez (42), Centro (34), Toluca (25), Nezahualcóyotl (22) y en sexto sitio Juárez, con 20 carpetas de investigación abiertas.

En Juárez hubo siete casos abiertos en enero y cinco en febrero, para luego darse un aumento del 140 por ciento con hasta 12 denuncias en marzo.

La tortura es penada por lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y lo comete quien causa dolor o sufrimiento psíquico a una persona; comete una conducta tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Se comete con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medio de coacción, medida preventiva o por discriminación.

Es castigada con penas de 10 a 20 años de prisión, aunque se pueden aumentar hasta en una mitad cuando hay agravantes del delito.

En esta frontera, se ha registrado la victimización de tres varones de entre 30 y 60 años, y 19 víctimas hombres de edad no especificada. También la tortura a ocho mujeres de edad no precisada, y una víctima sin sexo ni edad especificados.

Vianey Esmeralda H. G. es uno de los casos más recientes. Ella fue procesada por la Fiscalía de la Mujer por homicidio calificado y agravado por el asesinato de su propio hijo, Eithan Daniel, de 18 meses de edad.

H. G. reconoció ante un juzgado haber cometido el delito, pero denunció, sin plantearlo como querella ante un resolutor, la tortura.

“A mí me quisieron meter (el cargo de) violación hacia el niño, que fue el papá. A mí, estando ahí (en Fiscalía Zona Norte)… No sé si lo puedo decir o no… A mí me pusieron la bolsa de que ‘dime, qué le hacía el papá a su hijo’ y yo le dije ‘hágame lo que quiera, el papá no tiene nada que ver y el niño no sufrió violación’”, dijo ante cuestionamientos de la asesoría de víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva en la materia.

Vianey no pudo a ver a los agentes que la torturaron. Dijo que le hacían agachar la cabeza para moverla de una oficina a otra, dentro de las instalaciones del eje vial Juan Gabriel de la Fiscalía regional. En una sola oficina la torturaron, dijo, ubicada en una segunda planta para la que tuvo que subir rampas, como es la segunda planta de la Fiscalía.