El gobierno de Estados Unidos estaría evaluando una lista de políticos mexicanos que podrían ser sujetos de solicitudes de extradición, en el marco de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aunque no existe confirmación oficial por parte del Departamento de Justicia estadounidense, el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido señalado como uno de los expedientes que habrían detonado una revisión más amplia sobre actores políticos en México.

De acuerdo con el analista en seguridad pública David Saucedo, citado en dichos reportes, existiría un grupo de aproximadamente 10 perfiles políticos bajo observación, tanto a nivel federal como estatal, por posibles nexos indirectos o investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Entre los nombres que han sido mencionados en este contexto se encuentran el senador Adán Augusto López Hernández, el funcionario federal Mario Delgado y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, entre otros perfiles que han sido referidos en análisis periodísticos, sin que ello implique imputaciones formales.

Las versiones apuntan a que estos posibles casos formarían parte de expedientes en construcción, derivados de investigaciones más amplias sobre estructuras criminales con presencia transnacional.