Ante la exposición de acusaciones por parte del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses, miembros de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido aseguró que no hay pruebas y respaldan el actuar del Gobierno Federal.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló el miércoles una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado por narcotráfico y delitos relacionados con armas, en presunta colusión con el Cártel de Sinaloa.

Al respecto, el CEN de Morena publicó una postura en la que «respalda firmemente la actuación institucional del Gobierno de México» ante las peticiones de extradición de EE.UU.

El comunicado del CEN dice lo siguiente:

«Como lo ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforme a la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales vigentes, dichas solicitudes deben seguir un proceso claro: serán analizadas por la Fiscalía General de la República, única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder.

En Morena no podemos dejar de mencionar dos puntos relevantes:

Uno, resulta preocupante que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba, lo cual vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación.

Dos, la forma en la cual se comunicó por parte de la embajada viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales, afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países.

Morena refrenda su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la República, sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía».

Esto ocurre a días de que Luisa María Alcalde deje la dirigencia del partido, misma que será relevada por Ariadna Montiel.

Los acusados y los cargos que enfrentan son los siguientes:

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, 76 años: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos. Pena: cadena perpetua; mínimo obligatorio de 40 años.

Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa, 53 años: mismos cargos y penas que Rocha Moya.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, 50 años: mismos cargos y penas.

Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador estatal, 54 años: mismos cargos y penas.

Marco Antonio Almanza Áviles, exjefe de policía investigadora, 54 años: mismos cargos y penas.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias «Cholo», exjefe de policía investigadora, 45 años: mismos cargos y penas.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, 66 años: mismos cargos y penas.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias «Tornado», exsubdirector de policía estatal, 55 años: mismos cargos y penas.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, 41 años: mismos cargos y penas.

Juan Valenzuela Millán, alias «Juanito», excomandante policial, 35 años: conspiración de narcóticos, delitos de armas y secuestro con resultado de muerte. Pena: cadena perpetua obligatoria.

La acusación forma parte de una serie de imputaciones presentadas desde 2023 contra más de 30 integrantes del Cártel de Sinaloa por tráfico de drogas hacia Estados Unidos.