Los señalamientos del gobierno de Trump generaron todo tipo de reacciones por parte de legisladores y funcionarios; solamente la presidenta Claudia Sheinbaum fue la única que no se pronunció al respecto

Un sismo político de enorme magnitud ha provocado este miércoles en México la acusación de Estados Unidos contra el gobernador del estado de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

En medio de una polémica debido a la presunta presencia, y posterior muerte hace unos días, de dos supuestos agentes de Estados Unidos en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, para una operación contra el narcotráfico, el Departamento de Justicia de agitó aún más las relaciones bilaterales.

La decisión del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, de abrir una investigación por conspirar estos funcionarios con líderes del Cartel de Sinaloa para importar presuntamente ingentes cantidades de heroína, cocaína o fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político, supone el mayor golpe reciente de Washington contra políticos de México. 

La acusación vincula formalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los enlaza directamente con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.

Tras dar a conocer la información, la embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación presentada en Nueva York contra de Rocha Moya y otros nueve funcionarios implicados en una «presunta conspiración» con líderes del Cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Por su parte, Rocha Moya rechazó «categórica y absolutamente» las imputaciones, al señalar que carecen «de veracidad y fundamento», y acusó de que se trata de un «ataque» a su persona y al movimiento político que encabeza la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien por el momento ha guardado silencio.

«No pasará nada», dice gobernador
En su primera declaración pública desde que estallaron las acusaciones, Rocha Moya se declaró «tranquilo» y dijo estar «trabajando» por Sinaloa, a la vez que añadió que «no pasará nada» con la acusación.

En tanto, la Cancillería mexicana afirmó que no se presentaron «pruebas» en las solicitudes de extradición enviadas el martes por el Gobierno estadounidense, al tiempo que afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos en el país por la forma en que se hizo pública la acusación, al argumentar que contraviene tratados.

La representación diplomática informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con «carácter confidencial», por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.

El oficialismo mexicano ha respaldado al gobierno estatal, y la oposición sostiene que el caso confirma sus advertencias sobre vínculos con el crimen organizado, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que iniciará una investigación para determinar si se sostiene la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“La FGR iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de pruebas de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”, aseguró Ulises Lara, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR.

Destacó que, como la ley mexicana lo indica, la orden de aprehensión requiere de “presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”, por lo que, según el Tratado Bilateral, “solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes”.