

El diputado Ricardo Monreal presentó iniciativa para prohibir a empresas y proveedores enviar publicidad o realizar comunicaciones comerciales a los consumidores sin su consentimiento previo, libre e informado mediante reformas a las leyes Federal de Protección al Consumidor y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Por: Tiempo La Noticia
La propuesta establece que dicho consentimiento deberá manifestarse mediante una acción afirmativa del consumidor, ya sea por escrito, medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología que permita comprobar de manera indubitable su autorización, y será independiente a la aceptación de contratar o disfrutar de bienes, productos o servicios, los cuales no podrán condicionarse a recibir publicidad de ningún tipo.
En caso de que el consumidor otorgue su consentimiento, el proveedor solo podrá realizar una comunicación publicitaria por mes a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes SMS o medios similares. Asimismo, el usuario podrá revocar ese consentimiento en cualquier momento de forma gratuita, tras lo cual el proveedor tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para cesar cualquier comunicación con fines mercadotécnicos.
La iniciativa prohíbe además que los proveedores utilicen, compartan, transfieran o traten datos personales de los consumidores con fines publicitarios sin autorización expresa o sin mediar orden judicial de autoridad competente. Las instituciones financieras deberán habilitar mecanismos sencillos y de fácil acceso —como botones, enlaces o menús telefónicos— que permitan al usuario revocar su consentimiento de manera inmediata.
En materia de sanciones, la propuesta ajusta las multas vigentes a Unidad de Medida y Actualización, que actualmente van de 250 a 2 mil días de salario mínimo. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros deberá mantener un Registro de Usuarios que no deseen recibir publicidad, así como un Buró de Entidades Financieras con información pública sobre productos, comisiones, prácticas y sanciones de las instituciones del sector.









