El gobierno federal presentó una propuesta de reforma electoral que contempla reducir el número de regidores en los ayuntamientos del país y establecer un tope presupuestal para los congresos locales, como parte de un paquete de medidas orientadas a disminuir el gasto en estructuras político-administrativas.

De acuerdo con los materiales difundidos por el Gobierno de México, los municipios verían reducido el número de regidurías, que quedaría en un rango de entre 7 y un máximo de 15, además de que cada municipio contará con una sola sindicatura. La medida tendría un impacto directo en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, los dos municipios más grandes de la entidad, ambos con 21 regidores en sus cabildos, lo que implicaría una reducción de al menos seis integrantes en cada uno para ajustarse al tope máximo propuesto.

En el caso de los congresos locales, se fija un tope presupuestal equivalente al 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad. Con base en el presupuesto estatal de Chihuahua para 2026, que asciende a 117 mil millones de pesos, el Congreso del Estado no podría ejercer más de 819 millones de pesos al año bajo el nuevo esquema.

La iniciativa establece que los recursos generados por la reducción de regidurías y de los congresos locales serán redirigidos a obras de infraestructura pública en los propios municipios y estados.

En materia de remuneraciones, la propuesta incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer topes salariales a consejeros y altos funcionarios del INE, de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y de los Tribunales Electorales Locales, en todos los casos bajo el criterio de que ninguno podrá percibir más que la titular del Ejecutivo federal. La misma medida aplica para el Senado de la República, que deberá aplicar una reducción de gasto progresiva hasta alcanzar un 15%.

La propuesta también elimina prestaciones adicionales como bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos complementarios para los funcionarios de organismos electorales.

En cuanto a la Ley General de Partidos Políticos, las modificaciones propuestas obligan a los institutos políticos a transparentar las remuneraciones de sus dirigentes, reportar sus operaciones financieras en tiempo real mediante un sistema bancarizado y sujetar sus gastos a un tope de 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS). Asimismo, se prohíbe el uso de recursos ilícitos o de origen no comprobable, así como la recepción de dinero proveniente del extranjero.

La reforma también incorpora la figura de revocación de mandato presidencial, definida como el derecho del pueblo para decidir si la persona titular de la presidencia debe continuar en el cargo. De aprobarse, el ejercicio se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028, dependiendo del año en que se solicite.