Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio del denominado “Plan B” en materia electoral, luego de que su propuesta de reforma electoral fuera rechazada

Con un presupuesto de 803 millones 554 mil 172 pesos para el año fiscal 2026 y un costo operativo de 24 millones 350 mil 126 pesos por legislador, Chihuahua se posiciona como el sexto congreso más caro del país, de acuerdo con datos presentados por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina, en la que anunció el inicio del denominado “Plan B” en materia electoral, luego de que su propuesta de reforma electoral fuera rechazada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Asimismo, la mandataria señaló que, con apenas 33 diputaciones y una población de 3 millones 741 mil 869 habitantes, el Congreso de Chihuahua supera en costo por legislador a entidades con mayor población, como Sonora, Guanajuato y Veracruz.

La titular del Poder Ejecutivo federal aclaró que el costo operativo de los congresos locales no representa el salario directo de los legisladores, sino el gasto total necesario para su funcionamiento, que incluye servicios, telefonía, prestaciones, salarios de trabajadores y asesores, entre otros conceptos administrativos.

Sheinbaum Pardo explicó que su “Plan B” en materia electoral busca reducir posibles privilegios en el uso de los recursos públicos y fortalecer la participación ciudadana, priorizando la disminución del gasto público destinado a estructuras políticas e instituciones como partidos políticos y organismos públicos locales electorales (OPLEs).

La presidenta indicó que los recursos obtenidos a partir de estos recortes se destinarán a necesidades sociales, como infraestructura hidráulica, drenaje, escuelas, hospitales y el financiamiento de los Programas del Bienestar.

El primer eje del plan contempla revisar el gasto de los poderes legislativos en cada entidad federativa, con el objetivo de reducir gastos excesivos de operación sin afectar salarios ni derechos laborales del personal.

En el segundo punto, agregó, también se plantea analizar el gasto de los municipios, particularmente de los cabildos, donde —desde su perspectiva— persisten erogaciones consideradas excesivas, como altos sueldos de funcionarios públicos.