Denuncian desmantelamiento de instituciones agrarias en Chihuahua

Ejidatarios señalan que el Registro Agrario Nacional lleva semanas inoperante y que la Procuraduría Agraria carece de oficinas funcionales

Ejidatarios de distintas regiones del estado denunciaron el deterioro y virtual parálisis de las instituciones del sector agrario en Chihuahua, particularmente del Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria, lo que mantiene detenidos trámites esenciales y procesos judiciales.

Jesús Emiliano García, líder de la Unión Campesina Democrática (UCD), aseguró que el RAN permanece prácticamente inoperante desde hace semanas, incluso sin servicio de energía eléctrica, situación que impide la expedición de constancias y documentos indispensables para juicios agrarios en curso.

“Si el magistrado necesita una constancia del Registro y el Registro no está funcionando, entonces no se puede avanzar. Y mientras tanto, los expedientes siguen detenidos”, explicó.

La falta de documentación oficial frena resoluciones judiciales y prolonga conflictos por tierras que llevan años en litigio.

Procuraduría Agraria sin sede estable

A la par, señaló que la Procuraduría Agraria tampoco cuenta con oficinas plenamente funcionales en el estado. Aunque algunos abogados acuden de manera eventual, no existe una sede estable donde los ejidatarios puedan recibir asesoría permanente, orientación jurídica o seguimiento a sus casos.

Citas digitales, otro obstáculo

El líder de la UCD relató que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se implementó un sistema de atención mediante citas gestionadas a través de un portal digital. Sin embargo, para muchos campesinos sin acceso a internet o habilidades tecnológicas, el nuevo mecanismo se convirtió en un obstáculo.

“El teléfono siempre estaba ocupado y mucha gente no sabía cómo entrar al portal. Tenían que pedirle a alguien más que les sacara la cita”, explicó.

Una vez obtenida, la atención podía tardar hasta 20 días, obligando a los solicitantes a trasladarse hasta la ciudad de Chihuahua, donde existe una sola oficina del RAN para todo el estado.

Costos adicionales y falta de recursos

Los traslados implican gastos adicionales en transporte y hospedaje, ya que muchos deben salir desde la madrugada o viajar un día antes para alcanzar turno. A esto se suman los costos por documentación: una copia certificada alcanza los 27 pesos por cada lado de hoja, más el pago de papelería, y los expedientes pueden contener cuadernillos de entre 200 y 300 páginas.

De acuerdo con los denunciantes, desde 2025 se les informó que el RAN tendría recursos únicamente hasta diciembre para cubrir la renta del inmueble que ocupa y que posteriormente buscarían otra sede. No obstante, hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre una nueva ubicación, mientras la oficina permanece sin operar con normalidad y, según los testimonios, con más de un mes sin electricidad.

Exigen restablecer operaciones

Los ejidatarios cuestionaron la falta de recursos para el sector agrario frente a la inversión en grandes proyectos de infraestructura.

“¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué no se aplica la ley igual para todos?”, expresó Jesús Emiliano, al considerar que los campesinos y ejidatarios son los más afectados por la ineficiencia institucional.

Los afectados sostienen que la situación no es reciente y que desde administraciones anteriores ya enfrentaban largas filas y demoras similares a las de instituciones de salud saturadas. Sin embargo, afirman que el actual escenario refleja un desmantelamiento más profundo.

La exigencia, reiteraron, es que se restablezcan plenamente las operaciones del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria en Chihuahua, con servicios accesibles, personal suficiente y condiciones dignas, para garantizar que la justicia agraria no quede atrapada entre apagones, citas digitales inalcanzables y oficinas sin sede fija.

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