La Auditoría Superior del Estado logró la inhabilitación por diez años de una contadora del municipio de Santa Bárbara que utilizó su posición para pagar las cuotas de su crédito hipotecario con recursos públicos, obteniendo un beneficio indebido de 91 mil 326 pesos.

Durante la revisión de la Cuenta Pública correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades en el manejo de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La servidora pública de iniciales M.V.A.M., quien fungía como contadora adjunta de la Dirección de Finanzas y era responsable de realizar las aportaciones de los trabajadores ante el instituto, efectuó pagos a su favor por montos superiores a los que legalmente le correspondían para su crédito hipotecario.

Los auditores determinaron que la funcionaria omitió descontarse de su salario la cantidad señalada, la cual fue absorbida por el municipio y transferida al Infonavit, ocasionando un daño patrimonial a las arcas municipales. Ante estos hallazgos, la Auditoría presentó la denuncia correspondiente ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

La Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó la existencia de responsabilidad administrativa al acreditarse las faltas graves de desvío de recursos y abuso de funciones. El tribunal impuso como sanción la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de diez años.

Además de la inhabilitación, la resolución judicial establece la obligación de restituir 183 mil 565 pesos como sanción económica, cantidad que representa poco más del doble del monto desviado. La sanción busca resarcir el daño patrimonial causado al municipio y establecer un precedente en casos de abuso de funciones por parte de servidores públicos.