Se trató de un hecho con grandes repercusiones que, a más de dos décadas de distancia, sigue vigente por sus implicaciones políticas, sociales y judiciales

Este 17 de enero del 2026 se cumplen dos décadas y media del atentado que sufrió el exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez García, quien recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba en el interior del Palacio de Gobierno, momentos antes de trasladarse al municipio de Satevó como parte de su agenda de trabajo, de acuerdo con registros y archivos periodísticos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas de ese día, cuando una exagente de la Policía Judicial del Estado, identificada como Cruz Victoria Loya Montejano, accionó un arma de fuego contra el exmandatario justo cuando descendía la escalinata principal y conversaba con un grupo de estudiantes.

De acuerdo con la información recabada, la agresora disparó a corta distancia con un revólver calibre .38 especial, hiriendo a Martínez García en la región parietal izquierda. La bala penetró el cráneo sin afectar áreas vitales del cerebro, lo que permitió que fuera trasladado consiente a la Clínica del Parque y reportado posteriormente como fuera de peligro; aunque después fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Saint Joseph, de Phoenix, Arizona, para extraerle un fragmento de bala alojado en su cráneo.

Cruz Victoria Loya fue detenida al momento de cometer el delito; sin embargo, el móvil del atentado no pudo ser determinado durante sus primeras declaraciones, según evidenciaron las autoridades estatales. En un primer momento, se descartó que el ataque estuviera vinculado al narcotráfico, aunque se abrieron diversas líneas de investigación.

La mujer fue trasladada a la Subprocuraduría de la Zona Centro, específicamente a la Unidad Especializada en Delitos contra la Familia, donde rindió una declaración de más de cinco horas ante el subprocurador Óscar Castrejón y el entonces procurador de Justicia del Estado, Arturo González Rascón.

Registros periodísticos señalaron que Loya Montejano, quien dijo tener 30 años de edad, había sido dada de baja de la Policía Judicial años atrás debido a conductas agresivas y antecedentes de violencia, entre ellos un ataque armado contra su esposo. Fuentes judiciales revelaron que presentaba afectaciones emocionales y psicológicas, motivo por el cual durante su interrogatorio estuvieron presentes psicólogos, agentes del Ministerio Público y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El Heraldo entrevistó al exesposo de la agresora, Salvador Barba Ortega, quien manifestó sentirse aterrorizado por lo ocurrido y temer represalias de personas fanáticas que pudieran intentar cobrar venganza. Asimismo, este medio obtuvo la declaración de Lorenzo Loya Montejano, hermano de la agresora, quien ofreció disculpas públicas al exgobernador y a su familia por lo sucedido.

Es importante mencionar que el atentado se registró en un contexto político delicado, apenas días después de que autoridades estatales y federales anunciaran una estrategia de combate frontal contra el crimen organizado en Chihuahua, y horas después de que el propio exgobernador denunciara públicamente la infiltración del narcotráfico en las corporaciones policiacas. No obstante, funcionarios estatales y federales descartaron una relación directa entre el ataque y el crimen organizado.

La agresión generó una amplia condena a nivel nacional. El entonces presidente de México, Vicente Fox, así como gobernadores de distintos estados, partidos políticos y autoridades de seguridad, repudiaron el atentado y expresaron su respaldo al mandatario chihuahuense. Fox afirmó que se trató de un delito común y no de una ofensiva del crimen organizado, y se comprometió a que el gobierno federal coadyuvaría en las investigaciones. De igual forma, líderes políticos coincidieron en que el hecho no debía interpretarse con tintes políticos y llamaron a reforzar el Estado de Derecho.

La clase empresarial también se pronunció, exigiendo mayor certeza en materia de seguridad, además de pedir que el caso no fuera politizado y que se realizara una investigación pronta y exhaustiva.

Un día después del ataque, el entonces jefe del Ejecutivo estatal solicitó desde su habitación de hospital a los integrantes de su gabinete que continuaran con sus labores, al considerar innecesario el nombramiento de un gobernador interino, ya que conservaba plenamente sus facultades mentales y continuó tomando decisiones mientras se recuperaba bajo supervisión médica.

Sin duda, se trató de un hecho que tuvo repercusiones incluso a nivel internacional y que, a 25 años de distancia, sigue vigente por sus implicaciones políticas, sociales y judiciales, particularmente porque Cruz Victoria Loya se encuentra próxima a cumplir la condena que le fue impuesta.