La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua llevó a cabo el aseguramiento de un bien inmueble propiedad del exgobernador Javier Corral Jurado, correspondiente a un condominio denominado «Cabaña El Rincón», ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida.

Por: Tiempo La Noticia

El operativo se realizó este viernes 16 de enero en el municipio de Ocampo, cabecera municipal de Basaseachi, por elementos de la Fiscalía Anticorrupción, en cumplimiento de la resolución judicial librada por un juez de control la mañana del pasado jueves 15 de enero.

La cabaña aparece registrada en la Dirección de Catastro del municipio de Ocampo a nombre del exmandatario estatal. Los agentes realizaron las gestiones necesarias en la dependencia del ayuntamiento con la finalidad de hacer la anotación en la clave catastral correspondiente.

De acuerdo con la información recabada, la cabaña se localiza en una zona montañosa de abundante vegetación y presenta un estilo rústico. La propiedad forma parte de la declaración patrimonial del hoy imputado.

Este aseguramiento de la clave catastral forma parte de las diligencias que se realizan dentro de la carpeta de investigación 3050/2024, que deriva de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado. Constituye una técnica de investigación legalmente prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se realiza con el objetivo de impedir que esta propiedad sea transmitida, enajenada o gravada bajo cualquier modalidad, mientras continúan las indagatorias correspondientes.

La medida forma parte de los diversos aseguramientos realizados a distintos imputados en esta misma carpeta de investigación, incluso en otras entidades federativas como Morelos, en el municipio de Tepoztlán.

Una vez asegurado, el Ministerio Público Anticorrupción se encuentra facultado para realizar diversas diligencias sobre el inmueble, a fin de garantizar que el bien pueda servir para la eventual recuperación o resarcimiento del daño causado a los chihuahuenses, que asciende a 98.6 millones de pesos, que indebidamente se distrajeron, desviaron y dispusieron.

La medida judicial tiene como finalidad evitar la simulación de actos de disposición o la transferencia del patrimonio investigado a terceros vinculados, incluyendo redes de apoyo conformadas por familiares o exservidores públicos que tuvieron participación activa durante el quinquenio 2016-2021.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua expuso que dichas acciones forman parte de un compromiso investigar y perseguir los delitos relacionados con hechos de corrupción, garantizando que el patrimonio sujeto a investigación sea preservado conforme a derecho y en beneficio de los chihuahuenses, respetando en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.