Gardiel Josué León denunció una presunta campaña de hostigamiento en contra de su padre, que finalizó en el arresto del comunicador el pasado 24 de diciembre

Veracruz.- La familia del periodista Rafael «Lafita» León Segovia recriminó que las imputaciones en su contra carecen de sustento jurídico y aseguró que la detención obedece a una represalia por su labor periodística.

Por su parte, periodistas veracruzanos afianzaron su rechazo al encarcelamiento de «Lafita» León porque, de acuerdo con la Asociación de Periodistas de la Huasteca A.C., «representa un grave precedente y un riesgo latente para el ejercicio de la libre expresión en Veracruz y en México».

Gardiel Josué León Oropeza, hijo del periodista, denunció una presunta campaña de hostigamiento en su contra, que finalizó con la detención del comunicador el pasado 24 de diciembre, afuera de su domicilio en Coatzacoalcos, Veracruz.

«Lafita» León, con más de 20 años en el periodismo y con más vistas en su blog en la zona sur de Veracruz, enfrenta cargos por encubrimiento por favorecimiento, contra las instituciones de seguridad pública y terrorismo, aunque la fiscalía eliminó el término cuando la polémica alcanzó el nivel internacional.

El Poder Judicial definirá la situación jurídica de «Lafita» León mañana lunes 29 de diciembre, aunque organizaciones de periodistas y abogados penalistas insisten en considerar el caso como un arranque de autoritarismo y abuso del Estado.

Además, el pasado viernes la organización Article 19 México y Centro América, condenó en una publicación la detención del periodista y mencionó que es un «es un peligroso precedente contra la libertad de expresión».

La organización exigió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, «cesar de inmediato la criminalización de la labor periodística de Rafael León Segovia y abstenerse de imputar delitos graves a partir de hechos directamente vinculados con su ejercicio informativo».

Asimismo, pidió al Poder Judicial del Estado de Veracruz; ejercer un control judicial estricto sobre la legalidad de la detención, imputación y medidas cautelares impuestas; aplicar los estándares nacionales e internacionales sobre libertad de expresión, especialmente aquellos que establecen una protección reforzada para periodistas.

Y evitar la imposición de medidas desproporcionadas, como la prisión preventiva oficiosa, cuando los hechos imputados se relacionan con el ejercicio periodístico.