Durante este año se abrieron distintas carpetas de investigación por la comisión de presuntos delitos relacionados con funcionarios de los tres niveles de administraciones afiliadas a Morena

Durante 2025, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue marcado por los señalamientos de presunta corrupción, así como otros delitos relacionados con funcionarios afiliados a Morena. Los supuestos ilícitos incluyen a distintos servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Uno de los casos principales es el «huachicol» fiscal en el que se detectó la participación de funcionarios de alto nivel, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano Fernando, ambos sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por la exhibición de la investigación, se realizaron menciones contra Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector general de Investigación Aduanera de la ANAM, quien fue separado del cargo este mes. El anuncio fue hecho por la presidenta en conferencia en Palacio Nacional. Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado sobre su supuesta relación.

Otro de los casos principales en este año es el de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto, actual coordinador de Morena en el Senado. Requena es señalado de ser líder de «La Barredora».

Entre los señalamientos contra afiliados a Morena se encuentran casos de supuesto enriquecimiento ilícito, así como la adquisición de bienes que superan las percepciones salariales que reciben los funcionarios.

Latinus documentó distintos casos, como el del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien en su primera declaración patrimonial del nuevo gobierno de México ocultó el precio real de su propiedad más reciente. Se trata de un departamento de 15 millones de pesos, ubicado en el lujoso condominio Reforma 222, el cual reportó que costó solo 1.5 millones de pesos.

También se encuentran el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora federal del PT, Diana Karina Barreras, quienes asistieron a una fiesta de Fórmula 1 en el Club 51. El boleto, según argumentó Luna, le fue obsequiado. La vida de alto nivel de ambos diputados fue exhibida en redes sociales a través de la compra de ropa y artículos de alto costo.

Otro de los casos es el de José Gerardo Fernández Noroña, expresidente del Senado. El legislador adquirió una casa en Tepoztlán por 12 millones de pesos, de mil 201 metros cuadrados, en 2024. Según su declaración patrimonial, la adquirió con un crédito hipotecario del que se desconocen las cláusulas.

La elección del Poder Judicial también forma parte de los señalamientos en contra de la 4T. La designación de jueces, magistrados y ministros fue precedida por acordeones donde se benefició a participantes cercanos al régimen.

CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, esta última de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia en el gobierno de López Obrador, es otro de los casos. El Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) realizó señalamientos de presunto lavado de dinero contra las instituciones bancarias.

Entre los últimos escándalos mediáticos se encuentran el de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, señalado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego e hidrocarburos. Según el expediente, en la comisión de los presuntos delitos participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Uno más es el de la exalcaldesa y diputada morenista Hilda Araceli Brown, quien ya no tiene visa para viajar a Estados Unidos y tiene sus cuentas bloqueadas tras el señalamiento del Departamento del Tesoro.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos mantiene a Brown en la lista de personas vinculadas a las organizaciones criminales en México consideradas como terroristas.

Según el documento, la diputada facilitó, junto con otras personas, operaciones financieras de la facción de la «La Mayiza», perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, todos los casos siguen en investigación. Las pruebas del Ministerio Público se siguen integrando y en espera de que sean verídicas para comprar los supuestos ilícitos.