Juez lo procesa por presunto lavado de $73 millones 925 mil 995 del erario estatal

El exgobernador de Chihuahua, César Horacio D. J. fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y permanecerá en prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, en el Estado de México, tras una extensa audiencia celebrada en el Poder Judicial de la Federación (PJF); la defensa recriminó que la determinación judicial obedece a criterios y factores ajenos al derecho.

La resolución fue emitida por la jueza de control María Jazmín Ambriz López, quien determinó que existían los elementos suficientes para sujetar a proceso penal al exmandatario estatal y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con la imputación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR), el exmandatario es señalado por el presunto lavado de 73 millones 925 mil 995.09 pesos, recursos que habrían sido desviados del erario estatal entre enero de 2012 y diciembre de 2016, periodo en el que se desempeñó como gobernador de Chihuahua, y posteriormente canalizados a dos de sus empresas mediante operaciones realizadas en el sistema financiero mexicano.

La FGR informó que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, aportó los datos de prueba que permitieron al órgano jurisdiccional dictar el auto de vinculación a proceso y mantener la reclusión del imputado en un penal de máxima seguridad, al considerar que existen riesgos procesales que así lo justifican.

Al término de la audiencia, el abogado defensor Héctor Villasana sostuvo que la determinación judicial no obedece a criterios jurídicos, sino a factores ajenos al derecho. Señaló que la jueza basó su resolución exclusivamente en los argumentos del Ministerio Público y desestimó las pruebas y planteamientos de la defensa, entre ellos las supuestas irregularidades en el procedimiento de extradición, en el librado de la orden de aprehensión y en la obtención de información bancaria de César D. J., de su familia y de terceros, lo que, afirmó, constituye una violación al principio del secreto bancario.