Diversos productores agrícolas han manifestado preocupación ante posibles modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que las nuevas disposiciones limitarían su capacidad de operar con certeza jurídica y pondrían en riesgo la viabilidad de sus unidades de producción.

Según señalan productores y organizaciones del sector, la propuesta contempla la prohibición de comprar o vender títulos de concesión de agua entre particulares. Esto implicaría que los agricultores ya no podrían transferir concesiones, distribuir agua a otros productores, heredar pozos ni vender terrenos agrícolas que incluyan concesiones sin autorización previa de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

“¿Quién compraría un rancho sin agua?”, cuestionan algunos agricultores, quienes afirman que estas restricciones podrían afectar el valor de las propiedades rurales y limitar la movilidad económica del sector.

Otra de las inquietudes expresadas es la facultad que tendría CONAGUA para revocar concesiones de manera discrecional, lo que —según las voces críticas— dejaría a los productores sin mecanismos de defensa claros y sin garantías de indemnización.

Algunos grupos también sostienen que estas medidas podrían constituir un mecanismo de control político sobre quienes producen alimentos en el país, al desaparecer —según su percepción— la certidumbre jurídica que históricamente ha regido el uso del agua en el sector rural.

Las críticas se insertan en un contexto de tensión entre organizaciones agrícolas y el gobierno federal, a quienes algunos acusan de centralizar el poder y debilitar contrapesos institucionales. Señalan que el presunto debilitamiento de organismos autónomos y del Poder Judicial deja a los productores sin vías de defensa frente a decisiones administrativas que consideren injustas.

Hasta el momento, las autoridades federales no han respondido a estas preocupaciones en detalle, aunque históricamente han argumentado que las reformas al régimen de aguas buscan garantizar el uso sostenible del recurso, combatir el acaparamiento y priorizar el consumo humano.

El debate continúa abierto, mientras productores, especialistas en derecho hídrico y autoridades discuten el alcance real de los cambios y su posible impacto en el campo mexicano.