Productores de frutas, granos y ganado en distintos estados del país denunciaron que han sido víctimas de amenazas y cobros ilegales por parte de grupos criminales. La práctica, conocida entre ellos como “impuesto criminal”, está encareciendo la producción agrícola y ganadera hasta en un 20%, afectando directamente a los consumidores.

Manuel, un ganadero dedicado a la comercialización, relató que hombres armados irrumpen directamente en sus corrales para intimidar a sus trabajadores y obligarlos a pagar cuotas por cada animal vendido.

“Si no le ponemos un alto a esto, este cáncer va a seguir creciendo”, lamentó. Según su testimonio, los delincuentes exigen un pago de 7 mil pesos por cabeza de ganado que se comercializa en Durango. El cobro no solo recae sobre intermediarios: también se exige directamente a los productores que les venden los animales. En algunos casos, por cada jaula transportada, las cuotas criminales pueden ascender hasta los 700 mil pesos.

El llamado “impuesto criminal” representa cerca del 30% del precio total de cada animal, un costo que termina repercutiendo en toda la cadena de abasto. Este esquema de extorsión también afecta a productores de maíz, sorgo y otros granos, quienes reportan aumentos forzados en sus costos operativos y de transporte.

En distintas regiones del país, las organizaciones agrícolas han advertido que estas prácticas se han extendido y normalizado, generando pérdidas millonarias y poniendo en riesgo la seguridad de miles de trabajadores del campo.

Productores exigen la intervención urgente de las autoridades para detener la expansión de estas estructuras criminales que amenazan la economía rural y elevan el costo final de los alimentos que llegan a la mesa de los mexicanos.