Según testimonios recabados por integrantes de colectivos que acompañan a las personas desplazadas, al menos una veintena de comunidades serranas han quedado prácticamente abandonadas en los últimos años

En el sur del estado, las historias de familias que dejan atrás sus comunidades en la Sierra Tarahumara se repiten cada vez con mayor frecuencia, aunque pocas llegan a las cifras oficiales. El fenómeno del desplazamiento forzado interno continúa ocurriendo en silencio, entre el miedo, la pobreza y la indiferencia institucional. Mientras el gobierno asegura que la situación está bajo control, colectivos y organizaciones civiles en municipios como Parral documentan una realidad muy distinta: decenas de rancherías vacías y familias que buscan sobrevivir con lo poco que pueden cargar.

Según testimonios recabados por integrantes de colectivos que acompañan a las personas desplazadas, al menos una veintena de comunidades serranas han quedado prácticamente abandonadas en los últimos años. “El gobierno dice que no, pero las personas que vienen de allá cuentan otra historia. Esperamos que la Encuesta Intercensal 2025 refleje lo que realmente está pasando”, señaló una integrante del Colectivo Nuevo Amanecer en Parral, Chihuahua, quien participa en la atención de las familias desplazadas a consecuencia de la violencia.

La mujer asegura que, tan solo en el municipio de Guadalupe y Calvo, han desaparecido alrededor de 20 rancherías completas, aunque las cifras oficiales lo niegan. “Nosotros sabemos que se han ido muchas familias, pero el gobierno dice que no. Hay una discrepancia enorme entre lo que ellos reportan y lo que vemos en el terreno”.

Los desplazamientos más recientes provienen de localidades cercanas a la frontera con Sinaloa, como Mesa de San Miguel, donde al menos 50 habitantes huyeron por amenazas y violencia, buscaron refugio en Parral, pero muchos ya se han trasladado a otras poblaciones en busca de supervivencia.

La oficina de Parral de la Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que 50 personas de la comunidad Ciénega de Silva, en el municipio de Guadalupe y Calvo, se desplazaron a la cabecera municipal debido a la violencia persistente provocada por grupos criminales.

El Colectivo Nuevo Amanecer informó que las personas desplazadas terminan en municipios como Chihuahua, Delicias o el propio Parral, sin documentos, sin empleo y, muchas veces, durmiendo en el piso. “Ellos llegan con lo puesto, con niños pequeños, sin nada. Nosotros tratamos de conseguirles colchones, ropa y comida, pero no alcanza. Hace poco el gobierno llevó unas despensas, pero fue muy poco, no basta con eso”, relatan.

Aunque el Estado cuenta con “mesas de desplazamiento” para atender la problemática, los colectivos aseguran que la atención es superficial. “Dicen que los atienden, pero en realidad no se hace un seguimiento. A las familias hay que tomarlas de la mano hasta que puedan rehacer su vida, y eso no pasa. Nadie les da vivienda, empleo o seguridad. No hay una política real, sólo respuestas parciales”, lamentan.

El colectivo, con apoyo de otras organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Acnur, a través del licenciado Antonio Mendoza, ha podido realizar algunas gestiones para brindar ayuda urgente, sobre todo cuando una familia sale de Guadalupe y Calvo, donde la violencia no cesa.