Parral, Chih.– En la audiencia de vinculación a proceso de Fernando Ramírez, acusado de homicidio en grado de tentativa, el juez que llevó la causa denunció presiones del magistrado Gerardo Acosta para favorecer al acusado, hermano del diputado Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado de Chihuahua.

«No debemos utilizar, no deben de utilizar ningún medio extrajurídico, deben de ser diligentes, hagan su trabajo bien, no necesitan eso para estar ustedes haciendo su trabajo y ustedes saben a qué me refiero», señaló el juez Elmer Lerma Fontes a la defensa de Fernando Ramírez, alias “El Chino”.

El juzgador, con 20 años en el Poder Judicial, afirmó que era la primera vez que enfrentaba este tipo de presiones y aseguró que no le importaba perder su empleo ni enfrentar consecuencias por denunciarlo. «No se me hace correcto porque soy un servidor de la justicia… va a ser la última, porque no voy a permitir ese tipo de cosas y no me importa perder mi trabajo y lo digo en video, en audio y video… prefiero perder mi trabajo a estar haciendo eso», concluyó antes de decretar la vinculación a proceso.

El caso
El pasado lunes 29 de septiembre, en una funeraria ubicada en la calle Manuel Acuña, colonia Centro, el acusado sostuvo una discusión con el ganadero Eloy Soto Payán y, tras amenazarlo, sacó una pistola calibre .22 con la que intentó privar de la vida a su víctima. Durante el intento, lesionó a dos abogados, Enrique Eduardo Muñoz y Héctor Villasana Ramírez, y posteriormente huyó del lugar, siendo detenido en flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Como se había señalado en días anteriores en La Grandota, este caso evidencia que, según señalan fuentes judiciales, aún existen presiones dentro de las altas esferas del Poder Judicial de Chihuahua para influir en decisiones de jueces, favoreciendo o regresando favores a personas relacionadas con partidos políticos como el PRI. Este tipo de maniobras, que buscan manipular la actuación judicial, ponen en evidencia la necesidad de fortalecer la independencia de los juzgadores y garantizar que los procesos se desarrollen conforme a la ley.