12 empresas que fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su supuesta relación en la fabricación de fentanilo para el grupo criminal «Los Chapitos», son proveedoras del gobierno en tres estados del norte del país. 

Por:Tiempo La Noticia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. anunció que sancionaron a cuatro hermanos de la familia Favela López, a cargo de empresas químicas que estarían suministrando precursores para fabricar fentanilo.

También sancionaron a Jairo Verdugo Araujo, esposo de María Favela López; y a Gilberto Gallardo García, relacionado a la familia.

Las empresas sancionadas son Sumilab, así como Agrolaren, SPR de RL de CV (Agrolaren), Distribuidora de Productos y Servicios Viand, SA de CV (Viand), Favelab, SA de CV (Favelab), Favela Pro, SA de CV (dba Fagalab), Qui Lab, SA de CV (Qui Lab), Importaciones y nacional Macerlab, SA de CV, Prolimph, químicos en general, SA de CV, Roco del Pacífico Inmobiliaria, SA de CV, Comercial Viosma del Noroeste, SA de CV, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico, SA de CV y Storelab, SA de CV (Storelab).

El periódico El Universal hizo una búsqueda en la Plataforma Nacional de Transparencia y en portales gubernamentales, donde descubrió que siete de las 12 compañías boletinadas prestaron sus servicios a universidades públicas, gobiernos estatales del noroeste del país y dependencias del gobierno federal.

Específicamente, tuvieron 630 contratos para la compra de materiales de laboratorio, principalmente.

Las adquisiciones las realizaron las universidades Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Occidente en Sinaloa, Autónoma de Baja California Sur, de Sonora (Unison), Estatal de Sonora (UES), Instituto Tecnológico de Sonora, Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, la Politécnica de Sinaloa y la Universidad Politécnica del Valle del Évora en Sinaloa.

También fueron proveedoras a centros de investigación científica coordinados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno Federal, como el Colegio de la Frontera Sur, CIAD y CIMAV.

Identificaron hasta contratos de la Comisión Nacional del Agua con dichas empresas. El Gobierno del Estado de Sinaloa contrató varias de las compañías y proveyeron al Hospital Civil de Culiacán.

En Baja California Sur, hubo contrataciones como las del Ayuntamiento de La Paz, que realizó compras a las mismas empresas mediante el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.