
Alejandro Domínguez, diputado federal y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, ha puesto de manifiesto su rechazo a la reforma de la Ley de Amparo aprobada éste jueves. En su modo de ver, supone «un paso más hacia el autoritarismo de Morena.
Por: Rubén Eduardo Silva Lara
El dictamen, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue aprobado durante la madrugada de hoy en el Senado de la República con 76 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como con 39 en contra del Partido Acción Nacional (PAN), del PRI y de Movimiento Ciudadano.
En contraparte al senador morenista y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien calificó la modificación de Ley como un «escudo ciudadano frente al poder» y una medida para impedir abusos procesales, Domínguez aseveró que se trata de un intento por controlar el Poder Judicial, dejar en indefensión a los habitantes y reducir contrapesos.
La Ley de Amparo es un pilar histórico de la protección ciudadana, reconocida internacionalmente como una garantía frente a la arbitrariedad. Morena quiere despojar al pueblo de esa herramienta de defensa, sometiéndolo al criterio político de jueces impuestos a modo por este gobierno, aseveró.
La iniciativa permanece a la espera de su remisión a la Cámara de Diputados, que la habrá de revisar y ratificar con la reserva que presentó el senador morenista Manuel Huerta, por la cual todos los juicios de amparo que se encuentren en trámite se apegarán a la nueva Ley —de forma retroactiva.
Mientras tanto, Domínguez sentenció que la propuesta forma parte de una serie de reformas que iniciaron con la elección popular de jueces, ministros y magistrados, cuyo desarrollo desde su punto de vista implicó un retroceso para el sistema de impartición de justicia, plagado de imposiciones y «dedazos».
«Con éstas reformas Morena busca el control absoluto del Poder Judicial, con el claro objetivo de consolidar un régimen autoritario que se asemeja a las dictaduras de corte socialista, donde los ciudadanos quedan desprotegidos ante detenciones arbitrarias y abusos de poder», agregó.
Porque añadió la reforma no constituye una modernización del juicio de amparo, ni un ajuste técnico, ni una agilización del procedimiento, sino un modelo que permite a la Cuarta Transformación decidir «a quién se protege y a quién se persigue».
En tal sentido puntualizó que el PRI se opondrá a través de todos los medios legales y políticos a lo que nombró como «un atropello a las garantías ciudadanas». Y convocó a juristas, académicos, estudiantes y sociedad civil en general a defender, por los medios que sean posibles, la Ley de Amparo.









