La diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del Partido del Trabajo (PT), condenó el asesinato del doctor Luis Edward Olguín Andrade, ocurrido el pasado 20 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, y demandó a las autoridades una investigación a fondo para dar con los responsables. 

Por:Tiempo La Noticia

“No podemos permitir que los sueños y la entrega de nuestros jóvenes profesionales queden truncados por la inseguridad y la impunidad. Hoy, desde este espacio quiero enviar un mensaje contundente: no habrá impunidad para los agresores”, declaró en conferencia de prensa.

La legisladora subrayó que el caso no debe tratarse como un hecho aislado, sino como un reflejo de la necesidad de recuperar la confianza ciudadana y garantizar seguridad en colonias, calles y comunidades.

Durán Alarcón destacó que Olguín Andrade, de 35 años y originario de Ciudad Cuauhtémoc, era un médico ejemplar que trabajaba en el IMSS y que recientemente se había trasladado a Ciudad Juárez para continuar sus estudios con una especialidad en pediatría.

“El doctor no solo representaba la esperanza de miles de familias que confiaban en el profesionalismo de nuestros médicos, sino también la aspiración de una sociedad que busca superarse y servir”, afirmó.

La diputada consideró que este hecho obliga a reforzar las acciones de seguridad y justicia para evitar que se repitan tragedias similares. Manifestó sus condolencias a la familia del médico y reconoció el esfuerzo de sus colegas por mantener vivo su legado.

“Esto debe convertirse en un llamado de acción para fortalecer nuestras instituciones y proteger a quienes dedican su vida a servir y construir un futuro, y que la justicia prevalezca sobre la violencia”, señaló.

Durante su intervención, Durán Alarcón también se refirió al caso de Paloma Nicole Arellano, adolescente de 14 años que falleció en Durango tras, presuntamente, someterse a una cirugía estética sin el consentimiento de sus padres.

Exigió a la Fiscalía de esa entidad actuar con firmeza, prontitud y transparencia para deslindar responsabilidades, al considerar que el hecho constituye una violación grave a los derechos de la niñez y adolescencia, así como una probable responsabilidad penal.

“Estamos hablando de la vida de una menor, de la confianza rota, de un sistema que debe garantizar protección y seguridad a quienes son más vulnerables”, enfatizó.

La legisladora planteó la necesidad de reforzar la supervisión en clínicas privadas, endurecer la regulación en cirugías estéticas y garantizar que ninguna intervención en menores se realice sin consentimiento de los padres y con estricto apego a protocolos de derechos humanos.