Conversaciones privadas cuestionan la credibilidad de la investigación contra acusados de delitos financieros

Los abogados defensores en el “juicio del siglo” de la Santa Sede pidieron el lunes al fiscal del Vaticano que se recusara del juicio de apelación, argumentando que estaba implicado en un comportamiento cuestionable según cientos de mensajes privados de WhatsApp que han sacudido el proceso.

El fiscal Alessandro Diddi tiene un conflicto de intereses que debería impedirle encabezar la acusación, dijeron los abogados en mociones separadas el día de apertura del juicio de apelación.

El presidente del tribunal, el arzobispo Alejandro Arellano Cedillo, aceptó las mociones y ordenó a Diddi responder en un plazo de tres días, subrayando cómo los chats han cambiado el terreno en la más ambiciosa y destacada acusación del Vaticano por presuntos delitos financieros.

En el juicio sobre la inversión de 350 millones de euros (412 millones de dólares) del Vaticano en una propiedad en Londres fueron condenadas nueve personas en 2023 por una serie de cargos relacionados con finanzas. El principal acusado fue el cardenal Angelo Becciu, que alguna vez fue un cercano confidente del papa Francisco y futuro candidato al papado. Cayó en desgracia después de que el difunto papa lo despidiera y le acusara de falta de ética financiera antes de ser imputado.

La investigación dio un giro crucial en agosto de 2020, cuando el principal sospechoso en el acuerdo de Londres, monseñor Alberto Perlasca, cambió su versión y se volvió contra su antiguo jefe, Becciu. Perlasca evitó ser imputado y se convirtió en un testigo clave de la fiscalía.

Recientemente, miles de páginas de textos de WhatsApp y mensajes de audio proporcionaron el trasfondo del cambio de posición de Perlasca. Sugieren una conducta cuestionable por parte de la policía del Vaticano, de Diddi y del propio Francisco.

En ellos se documenta un esfuerzo tras bambalinas por parte de dos mujeres, Francesca Chaouqui y Genevieve Ciferri, para señalar al cardenal persuadiendo a Perlasca para que se volviera contra él. Aunque las afirmaciones no están verificadas, la defensa las ha aprovechado como evidencia de que la investigación estaba contaminada desde el principio y de que los acusados no podían tener un juicio justo en el Vaticano, una monarquía absoluta donde Francisco intervino en favor de los fiscales.