A propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), los diputados locales dieron seguimiento a la iniciativa de reforma que contempla penas de hasta 9 años de cárcel a todo servidor público que omita la aportación de cuotas a Pensiones Civiles del Estado. 

Por: Rubén Eduardo Silva Lara

Reunidos esta mañana en la Sala Legisladoras, integrantes de la Comisión Especial para la Atención Inmediata de la Problemática en Pensiones Civiles del Estado analizaron la propuesta legislativa que expuso este 1 de abril Óscar Avitia Arellanes, quien forma parte de la bancada de Morena. 

El documento, registrado con el número de Asunto 743 en la Comisión Especial, busca adicionar un Capítulo Quinto a la Ley de Pensiones Civiles para establecer sanciones a los funcionarios o trabajadores facultados que incurran en el delito de defraudación a la seguridad social, que consiste en aquella conducta en que «a través de engaños o aprovechamiento de errores se omita total o parcialmente el pago de las aportaciones u obtengan un beneficio indebido», según establecer el Artículo 85. 

El Artículo 86 propone de 3 a 2 años de prisión a quien genere una afectación que no exceda 48 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, menor a $2 mil 430 pesos; de 2 a 5 años cuando el monto ronde entre 48 y 70 veces el valor diario de la UMA, que equivalen a un mínimo de 2 mil 430 pesos y un máximo de 7 mil 919; y de 5 a 9 años cuando rebase esta última cantidad. De acuerdo con el Artículo 87, le pena máxima aumentará en una mitad cuando el delito sea calificado. 

El Articulo 88 establece idénticas sanciones en contra de quien proporcione datos falsos para obtener del organismo público la devolución de cuotas que no le correspondan, o cuando simule uno o más contratos para obtener un beneficio. Además contempla de 3 meses a 3 años a los patrones o representantes o sujetos obligados que oculten, alteren o destruyan parcial o totalmente los sistemas y registros contables o cualquier otro medio.

En el apartado de exposición de motivos Avitia Arellanes mencionó: «Se trata de una reforma que busca cambiar drásticamente las condiciones de los trabajadores, sus familias y la propia vida orgánica de la administración pública de Chihuahua. Lejos de buscar culpables o chivos expiatorios se trata de fortalecer el marco normativo aplicable para evitar que Pensiones Civiles del Estado tenga una crisis económica».

Durante la discusión, las diputadas Alma Portillo Lerma, de Movimiento Ciudadano, e Irlanda Márquez Nolasco, del Partido del Trabajo, sugirieron convocar a la Comisión de Justicia para conformar una Comisión Unida. No obstante la reunión concluyó luego de que la iniciativa fuera regresada a Mesa Técnica, para su discusión el próximo martes 12 de agosto.