El Gobierno Federal inhabilitó de nueva ocasión, ahora por doce meses, a la empresa Asbiin S.A. de C.V., que fue contratada para limpiar la Oficina Presidencial, entre otras instalaciones públicas.

Todas las instituciones públicas del país deben rechazar el contratar a Asbiin, de acuerdo a la circular emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Fue publicada la circular por el Gobierno Federal este 4 de julio, y a partir de mañana, todas las instituciones y empresas públicas “deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos a dicha persona moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 12 (doce) meses”.

No especifica Anticorrupción y Buen Gobierno el motivo de la sanción, pero dicha empresa había sido contratada para limpiar oficinas del Gobierno Federal, incluida la de Presidencia de la República.

Añade que la inhabilitación fue definida en la resolución del procedimiento sancionador del pasado 17 de junio y persistirá hasta que paguen una multa si no lo han hecho dentro de estos doce meses, pero la suma que deben pagar no fue difundida en la circular.

• La inhabilitación quedará registrada en la plataforma Compras MX, antes Compranet.
• Estas decisiones pueden impugnarse y no quedaría firme hasta que así lo dictamine el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
• El documento tiene la firma de María Guadalupe Vargas Álvarez, directora General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Limpiaba Oficina Presidencial.

En el año 2021, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Oficina de la Presidencia de la República contrató los servicios de Asbiin por entre 1.3 y 3.25 millones de pesos para la limpieza anual del despacho del titular del Ejecutivo en Palacio Nacional.

La empresa fue señalada de “outsourcing”, subcontratación.

Había sido contratada para limpiar oficinas de unas 30 entidades públicas, incluido el Despacho Presidencial, con 75 contratos que superaban los 334 millones de pesos, según reseña Reporte Índigo.

A inicios del año 2023, la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso inhabilitación de doce meses.

De modo que en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum vuelve a ser sancionada.