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Los ministros aprobaron la acción de inconstitucionalidad solicitada por la Primera Sala, respecto a diversos artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto
Por: El diario
Chihuahua, Chih.- Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron la acción de inconstitucionalidad 1/2024 solicitada por la Primera Sala, respecto a diversos artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua que penalizaban el aborto.
El proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá declaró procedente y fundada la citada acción, derivada del amparo en revisión 666/2023 resuelto por la Primera Sala el 18 de octubre de 2023 por una mayoría de cuatro votos.
En dicha resolución, la sala manifestó que los artículos 143, párrafos primero y segundo y 145 del Código Penal del Estado de Chihuahua son inconstitucionales porque vulneran los derechos a la salud, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
También estableció que las disposiciones las obligan a ser madres, lo cual es contrario a su proyecto de vida y atenta directamente con derecho de disfrutar del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, conforme a lo cual se les reconoce el control de su salud y su cuerpo, con inclusión de su libertad sexual.
De igual forma, el amparo resuelto por la Primera Sala hace referencia a la obligación que tiene el Estado Mexicano de reconocer, proteger y dar cumplimiento al derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes, brindándoles las mejores medidas para su plena realización.
Sobre esas líneas argumentativas, concluyó que los preceptos son contrarios a este derecho que incluye el acceso universal a los servicios más amplios de salud sexual y reproductiva, entendiéndose esto como un estado de bienestar y no como una mera ausencia de enfermedades en todo lo referido a sus sistema reproductivo.
Por otra parte, determinó que resulta inconstitucional el artículo 146, fracción primera, el cual prevé excusas absolutorias pero que sigue calificando como delito el actuar de la mujer y personas gestantes, aún cuando la interrupción del embarazo no fue consentida, como ocurre en el caso de la violación o la inseminación artificial no autorizada.
Es decir, su inconstitucionalidad radica en que criminaliza a la mujer, pero no castiga la conducta, lo que coadyuva negativamente al derecho de decisión.
Sin embargo, pese a esta resolución el Congreso del Estado no reformó ni derogó los artículos señalados como inconstitucionales, por lo que la sala pidió al Pleno de la Corte que emitiera dicha declaratoria general de inconstitucionalidad la cual tendrá validez una vez que se notifique al órgano legislativo local.
Además, al tratarse de una materia penal, la declaratoria traerá efectos retroactivos en favor de las mujeres y personas con capacidad de gestar que estén siendo investigadas, procesadas o hayan sido sentenciadas por el delito de aborto, así como para los médicos y profesionales de la salud que hayan interrumpido un embarazo con consentimiento.
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