La petición de la defensa del primer ministro de Israel de cancelar la audiencia fue aceptada tras mantener una reunión a puerta cerrada en la que expusieron sus razones, que no han trascendido hasta el momento

EFE.- La audiencia prevista para mañana del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su juicio por corrupción ha sido suspendida por circunstancias especiales, según informó una de las juezas a cargo del caso, Rivka Friedman-Feldman. 

El tribunal, que estipuló tres comparecencias semanales del mandatario israelí de unas seis horas, aceptó este lunes la petición de su equipo legal de cancelar la prevista para mañana, martes, tras mantener una reunión a puerta cerrada en la que expusieron sus razones, que no han trascendido hasta el momento. 

Su abogado, Amit Hadad, dijo que sólo podía exponer a puerta cerrada por qué era necesario retrasar la audiencia programada para mañana, según recoge la prensa israelí. 

La defensa de Netanyahu ya había solicitado reiteradamente, aunque sin éxito, que se redujeran de tres a dos las comparecencias semanales. 

El pasado 10 de diciembre, el líder israelí se subió por primera vez en el estrado para presentar su testimonio por tres diferentes casos de corrupción de los que se le acusa desde 2019, pese a los intentos de su equipo legal de posponer la celebración de este juicio (que debería haber comenzado en noviembre de 2023 y se atrasó a causa de la guerra en Gaza). 

El primer ministro israelí aseguró que no quiere esquivar la justicia, y que «ha esperado ocho años para contar la verdad», pero que la gestión de la guerra en Gaza, sumada a los otros frentes abiertos en la región, le impidieron poder preparar su testimonio. 

Netanyahu enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza que ocurrieron entre 2007 y 2017, los cuales han polarizado a la sociedad israelí. Mientras la oposición exige su dimisión, sus aliados se niegan a apartarse de su lado, calificándolo como una persecución política.

Este juicio, además, marca un hito en la historia de Israel, al ser la primera vez que un primer ministro en ejercicio de sus funciones declara como acusado en un juicio penal. En casos previos, sus antecesores renunciaron antes de enfrentar procesos judiciales.