El dictamen avanzó en el Senado y se prevé que en estos días se vote en Diputados en un periodo extraordinario

En días recientes ha estado en la discusión pública una iniciativa de reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene el objetivo de establecer las bases para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueda construir y ofrecer esquemas de arrendamiento social a sus afiliados; sin embargo, también conlleva cambios a la gobernanza del organismo, lo cual ha generado controversia con señalamientos de que están en riesgo los 2.4 billones de pesos en activos con los que cuenta esta institución dirigida por Octavio Romero Oropeza.

La iniciativa, que llegó al Senado el pasado 12 de noviembre y se votó y aprobó, tanto en comisiones como en el pleno, un día después, podría ser votada en el transcurso de esta semana durante el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, de acuerdo con fuentes enteradas del asunto.

Los resultados de la votación en lo general en el Pleno del Senado fueron de 68 votos a favor y 29 en contra.

Principales cambios

La iniciativa, que se alinea a la reforma ya aprobada de la fracción XII del artículo 123 constitucional propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, contiene cambios profundos dentro del Infonavit, creado en 1972 como respuesta a la necesidad de vivienda de los trabajadores.

• Se amplía el mandato del Infonavit con el fin de crear un sistema de orientación social, sustentado en: crédito barato y suficiente, construcción de vivienda y arrendamiento social con opción a compra. 
• El Infonavit podrá actuar como constructor de vivienda por medio de la constitución de una empresa filial, controlada mayoritariamente por el mismo organismo y no será considerada una entidad paraestatal y que ayude al cumplimiento de los objetivos y políticas de orden público e interés social del Instituto. 
• El gasto de administración de la empresa filial será parte del presupuesto de operación aprobado cada año para el organismo, el cual no deberá exceder 0.55% de los activos totales que se administre. 
• El gasto que realice la empresa filial para la construcción y adquisición de terrenos para construir no entra dentro de su presupuesto de administración y las erogaciones que se realicen deberán genera valor económico y rentabilidad para el Infonavit. 
• Si bien, la reforma prevé dejar fuera al Infonavit de las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda emitirá reglas prudenciales para el manejo del balance del organismo y podrá solicitar información o aclaración sobre contabilidad de estados financieros. El 30 de mayo de cada año, el Infonavit deberá rendir un informe al Congreso.

Mayor peso del gobierno en el Infonavit

Uno de los puntos centrales de la discusión de esta iniciativa, se ha centrado en los cambios operativos que se prevén en el dictamen, donde el gobierno tendría mayor peso dentro del tripartismo del organismo, compuesto por el sector gubernamental, laboral y patronal.

Así, los puntos clave al respecto son los siguientes:

• El director general del Infonavit será nombrado por el presidente de la república, cuando actualmente dicho nombramiento es avalado por la Asamblea General del organismo a propuesta del mandatario actual. 
• El director general tendrá la facultad de derecho de veto sobre resoluciones que no sean aprobadas por unanimidad por el Consejo de Administración o por la Comisión de Vigilancia del Infonavit.
• La Asamblea General del Infonavit, que es el máximo órgano de gobierno dentro del organismo, se reduciría de 45 a 30 integrantes, de los cuales 10 serían representantes del sector gubernamental, 10 del sector laboral y 10 del sector empresarial. 
• El Consejo de Administración del Infonavit se reduciría de 15 a 12 integrantes, cuatro de cada sector. 
• La Comisión de Vigilancia mantendría sus nueve integrantes, pero en lugar de repartirse de manera equitativa, serían cinco por parte del sector gobierno, dos del laboral y otros dos del empresarial. 
• El Comité de Auditoría pasaría de tres a cinco integrantes, con tres representantes del gobierno federal, uno del empresarial y otro del laboral. 
• El Comité de Transparencia pasaría de tres a cinco integrantes, de los cuales tres serían del gobierno federal, uno del laboral y otro del empresarial.